DONOSTIA. “En Euskadi se mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos afectados por el Real Decreto”. Así de tajante se mostró ayer el Gobierno Vasco ante el último paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo español donde, entre otras cuestiones, se establece que los inmigrantes sin papeles deberán pagar para acceder a la sanidad pública. El Gabinete socialista, que transita por la recta final de su mandato con la defensa del Estado de Bienestar como eje de su discurso, no deja títere con cabeza y carga, además de contra el PP, también contra PNV y Bildu, a los que acusa de complicidad con los ajustes que llegan de Madrid.

De este modo, el Ejecutivo de Vitoria, por medio de un comunicado difundido ayer, se autoerigió en única resistencia ante los recortes de Rajoy, en la línea del discurso que lleva meses desplegando. “El Gobierno Vasco ha mantenido una posición firme y crítica en contra del copago sanitario y a favor de una coyuntura universal”, defendió el equipo que preside Patxi López.

En el otro extremo de la balanza, según su análisis, estarían las restantes tres grandes formaciones con representación en las instituciones de la CAV. En este sentido, acusó a estas – PP, PNV y Bildu – de plegarse a las exigencias de Madrid y allanar el camino de los recortes, ya que “en las diputaciones que gobiernan se han apresurado a trasladar los datos fiscales de las Haciendas a la Seguridad Social con el objeto de hacer posible el copago farmacéutico”.

En relación a esta medida, el Gobierno Vasco aprobó el pasado 26 de junio un decreto que dejaba sin efecto dicha reforma en la CAV. Un mes después, como era previsible, el Constitucional admitió a trámite un recurso del Ejecutivo español contra esta resolución, lo que conllevó la suspensión cautelar del decreto haciendo descarrilar el anunciado intento de López de eludir la aplicación del copago farmacéutico.

“regresión” al pasado Sobre los ajustes en materia de sanidad aprobados por el Gobierno español, publicadas el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Lakua aseguró que suponen una “regresión” hacia un modelo de Seguridad Social “obsoleto” y “contrario a los principios de cobertura universal y financiación a través de los impuestos que pagan los ciudadanos”.

Asimismo, el Gabinete socialista criticó que el paquete de reformas supone un ataque al autogobierno vasco ya que reduce el papel de las comunidades autónomas a “meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias” en lo que al reconocimiento de la condición de asegurado en la Seguridad Social se refiere.

Por ello, “amparado” por la capacidad normativa de la CAV y el autogobierno vasco, el Gobierno Vasco reiteró su “apuesta” por una política de servicios públicos que “garantice el acceso universal de toda la población a un derecho tan básico como recibir atención sanitaria”.