Madrid. Alrededor de un millar de profesionales de la medicina se han declarado ya insumisos a la medida que baraja el Gobierno de Mariano Rajoy de poner en venta el derecho universal de atención sanitaria para los inmigrantes indocumentados. El precio que ha calculado el Ministerio de Sanidad sería de unos sesenta euros al mes, una cantidad inasumible para la gran mayoría de estas personas sin papeles y que llevará sin remedio al incremento de procesos infecciosos y al rebrote de epidemias, tal y como advertían ayer los responsables de la Organización Médica Colegial.

Ajenos a esta denuncia, secundada por plataformas sociales y formaciones políticas en la oposición, desde el Partido Popular defendían la implantación de estos convenios sanitarios que deberán asumir los inmigrantes en situación administrativa irregular para poder recibir atención en hospitales públicos; lo hacía, además, con duras palabras: “Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países. España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal”, espetaba ayer Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad tiene previsto establecer otro tipo de convenios con aquellas personas que no reúnan la condición de asegurados ni beneficiarios y que quieran recibir asistencia sanitaria. Estos contratos para garantizarse la cobertura médica estarían dirigidos a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); a los europeos que voluntariamente quieran suscribirlos para ser atendidos y a los ciudadanos de terceros países que, durante su estancia en España, deseen formalizar un acuerdo para recibir asistencia en el sistema público.

Fuera de este catálogo quedan los extranjeros en situación anómala, a quienes la Administración española simplemente les invita a regularizar su situación antes del 1 de septiembre, fecha en la que previsiblemente entraría en vigor esta cartilla de racionamiento sanitario. Eso sí, Hernando aseguró que ninguno se quedará sin ser atendido si se trata de una urgencia. En cualquier caso, las consecuencias nocivas y perjudiciales de esta propuesta son claras para numerosas asociaciones.

Para el secretario general de la OMC, Serafín Romero, restringir el acceso de este colectivo a la Atención Primaria provocará que dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una “demora” en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria insistían en esta denuncia ya que, según indicaban esta coyuntura “puede hacer aumentar las enfermedades de origen transmisible [tuberculosis o sida, por ejemplo] simplemente porque no se les haya atendido”.