Los 33.000 inmigrantes irregulares que viven en la Región se quedarán el 1 de septiembre sin tarjeta sanitaria, y tendrán que pagar 59,20 euros al mes (si tienen más de 65 años la cifra se eleva a 155,4 euros) para recibir asistencia sanitaria. Solo será gratuito el acceso a Urgencias. Así consta en el borrador de una orden que el Ministerio ha enviado a las comunidades autónomas. Los ‘sin papeles’ se verán obligados a firmar una especie de póliza – denominada «convenio especial» – que, al año, les supondrá 710,40 euros (1.864,80 para los mayores de 65 años).

Se establecen varias excepciones. Así, la sanidad seguirá siendo gratuita para las mujeres embarazadas, los menores de edad, quienes disfruten de asilo político y las víctimas de trata de seres humanos que estén en el denominado «periodo de restablecimiento y reflexión». En ese listado de excepciones no aparecen los irregulares que padezcan enfermedades crónicas. De acuerdo a la literalidad del texto, seropositivos, diabéticos o pacientes con problemas cardiacos tendrán que pagar salvo si se limitan a ir a Urgencias, algo que empeoraría su estado de salud y terminaría encareciendo la asistencia, denuncian las sociedades médicas.

El director del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón, se comprometió la semana pasada, tras una reunión con la Asociación de Usuarios de la Sanidad, a buscar fórmulas para ofrecer una asistencia «continuada» a estos enfermos crónicos, de forma que no quedasen expulsados del sistema. Ayer, la Consejería insistió en que «los extranjeros irregulares que sufran alguna enfermedad crónica serán atendidos gratuitamente, ya que entran dentro de los supuestos especiales». Sin embargo, en la relación de esos supuestos establecidos por el Ministerio que la propia Consejería envió a ‘La Verdad’ no aparecen los crónicos. Tampoco en el extracto que publicó el diario ‘El País’, que desveló por la mañana los planes del Gobierno. Advertidas de esta contradicción, fuentes de la Consejería aclaran que el texto es un «borrador» en el que puede haber modificaciones, e insisten en que su «interpretación» pasa porque los crónicos siguen recibiendo atención gratuita.

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Los ‘sin papeles’ no solo tendrán que pagar su poliza para recibir asistencia. Además, deberán costear «la cuantía íntegra de los medicamentos», explica la Consejería. De nuevo, embarazadas y menores de 18 años serán una excepción, y abonarán el 40%.

El nuevo sistema de póliza será especialmente gravoso para las familias. Si un inmigrante irregular tiene a su cónyuge y a sus hijos (mayores de 18 años) a su cargo, tendrá que pagar por todos ellos, aunque carezcan de ingresos. Habrá un descuento del 15% a partir del tercer y cuarto asegurado, y del 25% a partir del quinto. Es decir, una familia con dos hijos mayores tendrá que pagar, al año, 2.841 euros.

Los «convenios especiales»

Sociedades médicas y organizaciones humanitarias estaban a la espera de que el Ministerio concretase cómo iba a aplicar la reforma sanitaria que anunció en su día. El Gobierno había lanzado la idea, en varias ocasiones, de que firmaría convenios con ONG para ofrecer asistencia a los inmigrantes sin papeles. Al final, esos «convenios especiales» han resultado ser pólizas similares a los seguros privados (de hecho, los precios son incluso más caros que algunos aseguramientos).

Las pólizas van dirigidas fundamentalmente a los ‘sin papeles’, aunque también deberán firmarlas los españoles que nunca hayan trabajado y tengan más de 100.000 euros de renta anual (los llamados rentistas). También podrán adherirse – voluntariamente – los ciudadanos de otros países de la UE.