Más de 900 médicos se han declarado ya objetores de conciencia frente al nuevo decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, que regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema sanitario español. Según la nueva norma, a partir del 1 de septiembre, los ‘sin papeles’, inmigrantes en situación irregular, solo podrán tener acceso a la atención básica: urgencias por enfermedad o accidente, atención en el embarazo, parto y postparto, así como atención completa a los menores de 18 años. El propio decreto establece también que los extranjeros sin derechos que quieran utilizar la sanidad pública deberán acogerse a un régimen de ‘convenios especiales’ y abonar una cuota de 710 euros anuales hasta los 65 años; a partir de esa edad, la cuantía ascenderá a 1.865 euros. Es lógico que Sanidad intente por todos los medios reducir el coste del servicio público más oneroso de todos sin disminuir la calidad, lo que exige rigor en la gestión. Se entiende, en este marco, que se combata con dureza el llamado turismo sanitario, que nos cuesta unos 1.000 millones anuales, así como determinados abusos que puedan cometerse. Pero en modo alguno se puede confundir la rentabilidad del sistema con el derecho a la salud. Como el derecho a la vida, es inherente a la persona, y no puede depender de una determinada situación administrativa. El juramento hipocrático no permite que un profesional de la medicina decline atender al enfermo que tiene delante porque le falta un carné. Además, la supresión del derecho general a los ‘sin papeles’, que sí podrán ir a urgencias, colapsará estos servicios y no resolverá el problema: la atención hospitalaria de emergencia no curará su enfermedad. Y, por añadidura, la formación de guetos de inmigrantes sin control médico constituirá un riesgo sanitario objetivo para toda la población, ya que los estos extranjeros formarán un colectivo de riesgo que podrá ser portador de enfermedades endémicas de sus países de origen. No puede haber objeciones a la buena gestión de los recursos sanitarios ni al control eficaz de la inmigración irregular, pero no parece en definitiva una buena idea dejar sin cobertura sanitaria a esas personas que ya llevan en su destino incierto el mayor infortunio. Por las razones expuestas y por simple sentido humanitario.