La asociación Vega Baja Acoge tendrá que cerrar sus puertas al año que viene si no recibe la subvención que la Generalitat Valenciana le debe del año 2011 que asciende a 40.000 euros. Según el presidente del colectivo, Antonio Alfonso Sánchez, la sede de esta organización en Alicante ha tenido que cesar su actividad por los impagos del Consell que le adeudaba un total de 120.000 euros mientras que al colectivo ilicitano también le deben 64.000 euros. La sede oriolana sobrevive por la ayuda del Ayuntamiento, lo que agradece Sánchez, pero indica que el mantenimiento de la casa de acogida tiene muchos gastos «y no solo nos deben el año 2011 sino que teóricamente tenemos aprobada la ayuda de 2012 pero no sabemos nada seguro».

Por otra parte, el representante del colectivo declara que la red Acoge a nivel nacional está recogiendo firmas para poder parar la aprobación en el Parlamento del Real Decreto para que los inmigrantes en situación irregular dejen de recibir asistencia médica «porque no se puede dejar de atender a estas personas porque no tengan papeles». En este sentido, el edil de Inmigración, Emilio Zaplana, indica que el equipo de gobierno oriolano apoya esta iniciativa e incluso llevará a Pleno una moción que apoye este tipo de reivindicaciones porque «no se puede atentar así contra los derechos de las personas», añade.