El proyecto del Gobierno central de cobrar a los inmigrantes sin papeles una especie de póliza para ser atendidos en la Sanidad pública – 710 euros anuales si son menores de 65 años y 1.864 si tienen más edad – recibió ayer una inmediata respuesta del consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, quien rechazó de plano la aplicación de esa medida en Euskadi, si bien recordó que, de momento, se trata de una iniciativa que solo está plasmada en el borrador de una orden ministerial. «No responde a un sistema universal, sino a la lógica de asegurar a la gente por diferentes tramos», denunció Bengoa en una entrevista concedida a ‘Punto Radio’.

La exigencia de una cantidad económica a los extranjeros en situación irregular – a través de un sistema de convenios que se parece bastante al de los seguros privados, aunque no afectaría a menores y embarazadas extranjeras – desarrolla, en realidad, dos decretos de la Administración central sobre el acceso al sistema sanitario público, uno publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 abril y otro, el pasado sábado. Precisamente, a raíz del segundo, el Departamento vasco de Sanidad difundió ayer una nota en la que considera esa norma como «una regresión» en toda regla «hacia un modelo de Seguridad Social obsoleto».

Por ese motivo, la consejería se reafirma en su propósito de continuar garantizando en Euskadi la atención sanitaria a todos los ciudadanos, una decisión que entronca con su rechazo al incremento del copago de las medicinas. Esa postura dependerá, de todos modos, de cómo se resuelva el contencioso planteado ante el Tribunal Constitucional.

Rentas de 100.000 euros

La consejería de Bengoa subraya, entre tanto, que los cambios introducidos por el Ejecutivo de Rajoy en la cobertura sanitaria dejan fuera del sistema a personas que hasta ahora están dentro de él: extranjeros ‘sin papeles’ (algo más de 30.000 en Euskadi) y españoles con ingresos superiores a 100.000 euros al año que nunca hayan trabajado – es decir, los rentistas – .

En este sentido, el Gobierno vasco considera que el Ministerio de Sanidad actúa de forma contraria «a los principios de cobertura universal» y de financiación del sistemea a través de los impuestos. «Sigue dejando fuera a profesionales liberales en función de su renta, incumpliendo la previsión de la Ley General de Salud Pública, que contempla la inclusión de estos colectivos profesionales», recuerda la nota.

El Ejecutivo de Vitoria denuncia, del mismo modo, que los planes del ministerio de Ana Mato tienen profundas consecuencias administrativas. En su opinión, marcan el camino de «una completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado a través de los organismos de la Seguridad Social». Por esa vía, prosigue, las comunidades autónomas quedarán reducidas «a meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias», y solo para las personas a las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconozca sus derechos.

La Administración vasca vaticina «una gran inseguridad jurídica» para los ciudadanos, ya que la condición de asegurado y, en consecuencia, el acceso al sistema público de salud, se trata de regular no mediante una ley, sino a través un decreto que «establece el nivel de ingresos necesario».

El consejero Bengoa recalcó ayer en ‘Punto Radio’ que los cambios anunciados hasta ahora por el Ministerio de Sanidad son «la punta del iceberg» y auguró que pronto «veremos más cosas». Reconoció que su departamento está adaptando los sistemas informáticos al nuevo copago por si el Tribunal Constitucional le obliga a cumplir los dictados del Ministerio de Sanidad. No obstante, Bengoa se reafirmó en que, en tal caso, Euskadi establecerá «compensaciones» para los pensionistas y otros colectivos vulnerables que salgan perjudicados.

Bengoa no se salió del discurso establecido por el Ejecutivo de Patxi López ante los recortes sociales: defensa del autogobierno y del Estado de bienestar. El consejero acusó a los cargos públicos del PP de hablar constantemente sobre la quiebra de los servicios públicos para abrir la puerta a la implantación de «varios niveles asistenciales» en España. También preguntó al PNV por qué abona la idea de una «bancarrota» de la Administración vasca cuando «aseguradoras y empresas privadas preparan motores» para un escenario de privatizaciones.

Bengoa negó que la Sanidad pública vasca esté en crisis. A su modo de ver, el Gobierno de Mariano Rajoy está aplicando a las autonomías un «rodillo» que no distingue entre las que han ahorrado y las que no. «Se salva a los irresponsales y se castiga a quienes lo han hecho bien», resumió. «Nosotros hemos cumplido con el objetivo del déficit. Que nos dejen en paz. En cambio, nos dicen cómo hay que hacer los recortes. Es una ‘microgestión’ de las comunidades autónomas».