La decisión del Gobierno de privar a partir de septiembre de la atención sanitaria pública – salvo en los casos de urgencia, los menores de 18 años y las embarazadas antes, durante y después del parto – a los inmigrantes en situación irregular se ha traducido en una nueva medida, por la que los afectados podrán retornar al sistema si abonan, como mínimo, un seguro anual de 710 euros. El rechazo de autonomías como Euskadi, de parte de la oposición, de las asociaciones de extranjeros y de médicos que reivindican su derecho a acogerse a la objeción de conciencia – no regulado con precisión legal en España, pero que sí figura en normativas como la del aborto – da prueba de la controversia que ha suscita este recorte, que supone en la práctica la supresión de un modelo sanitario gratuito y universal. La conquista que ha supuesto la consolidación histórica de ese sistema no implica que no pueda estar sujeto a revisión y a criterios de máxima eficacia para tratar de asegurar su sostenibilidad, especialmente ante una crisis tan aguda como la actual. Ello hace comprensible que se exploren fórmulas de copago o que se trate de acotar, como quiere el Gobierno Rajoy, el denominado ‘turismo sanitario’. Pero los recortes en aquellas áreas que sostienen la cohesión social y la igualdad en derechos no deberían efectuarse sin calibrar detenidamente la relación coste – beneficio y, sobre todo, los desequilibrios y las injusticias a que pueden dar lugar. Exigir una cuota sanitaria a quienes, en muchos casos, apenas tienen nada les empuja aún más a la marginación social; además, excluirles del sistema puede generar nuevos problemas de salud pública – y nuevos costes – por enfermedades que no van a tratarse ya debidamente. Y ello sin obviar que la reforma supone cambiar las reglas para los inmigrantes que se decidieron a venir con otras. En este sentido, es particularmente reprobable que el portavoz del PP Rafael Hernando justificara la medida para que España deje de ser «el paraíso de la inmigración ilegal» e invitara a regresar a sus países a quienes carecen no solo de papeles, sino de arraigo posible.