La Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), junto a las Brigadas Provinciales de Extranjería de Madrid y San Sebastián ha detenido a 13 personas de un grupo criminal que se encargaba, presuntamente, de vender contratos de trabajo a inmigrantes para regularizar su situación.

Los casos más llamativos se corresponden a presos que estaban en tercer grado a los que, por 900 euros, vendían los contraros para que salieran de la cárcel en régimen de libertad condicional.

Los clientes son de nacionalidad marroquí, colombiana, boliviana y española. La trama contaba con varias empresas sin actividad en Madrid, que utilizaban como pantalla.

Cobraban entre 900 y 5.000 euros por contrato y por asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de residencia en España. A los españoles les cobraban entre 400 y 500 euros. Aunque en una ocasión percibieron 1.100 euros por hacer que un empleado de la construcción cliente apareciera un mes de alta, y así poder cobrar el paro. Los investigadores calculan que la cantidad defraudada a la Seguridad Social asciende a 397.669 euros.

Los trece detenidos están acusados de fraude fiscal, falsedad documental y estafa.