El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU (CDESC), remitido en junio al Gobierno español sin que éste lo divulgara pese a la recomendación de hacerlo, pone de relieve los graves efectos sociales que está teniendo la crisis económica en España. La principal conclusión es que las medidas de ajuste «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. Dicho informe, anterior al gran paquete de recortes anunciado el 11 de julio, es el primero de dicho organismo que no se limita a expresar su preocupación por colectivos concretos (inmigrantes, presos o mujeres maltratadas), sino que manifiesta inquietud por la ciudadanía en general. En concreto, destaca el efecto destructivo que tienen los elevados niveles de paro, sobre todo el de larga duración, que se ceba en los sectores más débiles. A juicio de los autores del informe, la reducción de los niveles de protección habría perjudicado además de manera especial a «los grupos desfavorecidos y marginados», y entre ellos a mujeres, niños, personas con discapacidad, parados, mayores, gitanos, inmigrantes y solicitantes de asilo. El CDESC lamenta, asimismo, que se haya congelado el salario mínimo – lo que impide «un nivel de vida digno» – , que esté creciendo el índice de pobreza – cerca del 22% de los individuos están por debajo del umbral – y que se amenace a numerosas familias con la pérdida del hogar. En buena medida, la ONU nos informa de lo que ya sabemos, pero una opinión externa ayuda a comprender lo que nos pasa y nos alerta sobre la evidencia de que, sin rechazar la consolidación fiscal y los recortes que habrán de permitirnos superar la crisis y mantenernos en Europa, quizá se hubieran podido hacer mejor las cosas. Un debate más intenso y una más amplia deliberación parlamentaria – que no ha existido – hubieran permitido quizá realizar los ajustes con más equidad, afectando más a los que más tienen y menos a los más necesitados. Nunca es tarde para una rectificación.