Francisca Campo es una joven mijeña con dos hijos y embarazada de tres meses. De etnia gitana, su familia, junto a otras trece personas, ocupan desde hace unas dos semanas cuatro viviendas adosadas de una promoción situada en la urbanización lagunera de El Coto. Se trata del cuarto caso de este tipo que se da en la provincia en lo que va de año (uno en el barrio de la Trinidad en la capital, otro en Torremolinos y el tercero en Alhaurín de la Torre).

Los nuevos moradores de estas viviendas tienen claro que permanecerán en las casas mientras que no se pronuncie un juez. Sin embargo, consideran que el tiempo que estén en ella las van a estar «cuidando y limpiando». Los Campo destacan que no son los primeros que pasan una temporada en las residencias. Aseguran que, cuando llegaron, alguien había desvalijado buena parte de la promoción «llevándose cableado e incluso los pomos de las puertas». Por ello, «antes de entrar llamamos a la Policía Local y la Guardia Civil para informarles del estado en que se encontraban ya las casas», relatan.

Después de varios días de trasiego y mudanzas, las familias se están ocupando de la jardinería y otras labores como la limpieza o el mantenimiento del entorno. Pese a que hay estancias en las que falta cableado, se han interesado por instalar contadores y hacerse cargo de los gastos eléctricos de las viviendas.

La mayoría de estos habitantes tratan de «buscarse la vida», con trabajos esporádicos de jardinería, limpieza, venta en los mercadillos o recogida de chatarra. Recuerdan que, fue precisamente mientras se hacían con algunos electrodomésticos y materiales antiguos por el entorno de El Coto cuando comprobaron que la promoción estaba vacía y decidieron trasladarse a ella. «Vivíamos en casa de mi madre pero éramos ya muchos», relata Francisca, quien residía hasta hace menos de un mes en el entorno de Molino de Viento. Entienden que, tarde o temprano, tendrán que marcharse, «porque las casas tienen sus dueños», aunque reclaman el derecho a una vivienda digna.

Plan municipal

Hace ahora un año, el Ayuntamiento de Mijas puso en marcha un plan especial para evitar la ocupación de viviendas vacías. Según fuentes municipales, las actuaciones enmarcadas en esta iniciativa contemplan la vigilancia de promociones además de mantener informado a los propietarios en caso de que se produzca cualquier acto vandálico o, como en este caso, sean habitadas sin permiso alguno. Sin embargo, la administración local «no tiene potestad para echar a nadie, mientras no haya una resolución judicial». De momento la promotora ha tramitado la denuncia en Madrid, que según fuentes de la entidad ya ha sido trasladada al cuartel de la benemérita en la localidad.