Esta mañana, y de forma simultánea, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, entregaron 59146 firmas en las presidencias de todas las comunidades autónomas para solicitar que no se adopten medidas regresivas o discriminatorias en el acceso al derecho a la salud y se garanta el acceso universal a la atención sanitaria. En el caso gallego, la entrega se hizo a las 11.00 horas en el Rexistro Xeral de San Caetano junto con el Foro de Inmigración y SOS Sanidade Pública en Galicia.

Ante la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre de la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Lei 16/2012, estas organizaciones defienden que su puesta en marcha puede tener consecuencias en la vida de miles de personas, especialmente, entre los colectivos más vulnerables. Así, por ejemplo, ponen el acento en que los recortes implican que los inmigrantes mayores de edad y en situación irregular solamente serán atendidos en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto. Las oenegés alertan también de las dificultades para acceder a un medicamento preventivo o a un diagnóstico médico para estos pacientes. Una situación de indefensión que se agrava, según han puesto de manifiesto, en el caso de las personas con enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos o trastornos mentales. Para las organizaciones firmantes «os estados deben protexer aos membros vulnerables da sociedade, mesmo en épocas de limitacións graves de recursos, que é cando deben redobrar devantidos esforzos».

El riesgo de estigmatizar a los inmigrantes es otro de los peligros sobre los que avisan a las autoridades. Para estos colectivos, las medidas de recortes de derechos y algunos discursos gubernamentales que apunta a una utilización indebida de los servicios de salud por parte de los inmigrantes , pueden contribuir a construir prejuicios y a alimentar comportamientos discriminatorios o xenófobos.

Denuncian, además, que la reforma sanitaria vulnera obligaciones internacionales contraidas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad ni discrimación.