o son policías, sencillamente médicos, y como tales deben atender a cualquier paciente, al margen de cuál sea su situación administrativa. Eso es lo que defiende la asociación mayoritaria de los médicos de familia, semFYC, que aglutina a 22.000 facultativos de atención primaria y que ha puesto en marcha un registro de objetores de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre. Ese día, miles de extranjeros sin permiso perderán la tarjeta sanitaria, por lo que solamente podrán ser atendidos en caso de urgencia (excepto niños y embarazadas).

En el texto, que no se enviará a Catalunya, Andalucía, Asturias y País Vasco, comunidades que ya han anunciado que seguirán atendiendo a los inmigrantes pese al decreto del Gobierno central, el médico recuerda que su lealtad con los pacientes hace que no sea posible faltar a su deber ético profesional e incurrir en el abandono. Hasta el momento ya hay más de medio millar de facultativos en el registro en apenas unas horas de su puesta en marcha. Precisamente ayer, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge, a través de la asociación Karibu, entregaron cerca de 60.000 firmas en las sedes presidenciales de diversas comunidades para pedir que no se aplique esta medida, ya que podría afectar a la vida y la salud de miles de personas.