PAMPLONA. Un exhaustivo informe elaborado por el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, dependiente de la Oficina de Atención a la inmigración del Gobierno de Navarra, destaca que si bien el proceso migratorio puso en evidencia años atrás las fortalezas estructurales del Estado de bienestar, la crisis está mostrando con toda su crudeza “las debilidades de nuestro modelo de cohesión social”. El colectivo de personas inmigrantes no sólo se ve afectado por "informaciones que tienen que ver más con el deseo que con la realidad empírica (el pretendido retorno o el “efecto llamada”), sino que además se ha convertido en uno de los chivos expiatorios de la crisis". La realidad en datos demuestra todo lo contrario, ya que el gasto sanitario de los inmigrantes es mínimo y el social apenas representa una ínfima parte del cómputo total teniendo en cuenta el fuerte peso de otras partidas, como dependencia o discapacidad.

El estudio reconoce que la población inmigrante es uno de los colectivos sobre los que más recaen los efectos negativos de la crisis especialmente el desempleo, pero también uno de los más afectados por los “ajustes producidos en determinados recursos y prestaciones sociales”. De ahí el peligro alertan de que se produzca una “ruptura de unos vínculos sociales mínimos, ya que corremos el riesgo de convertirnos en una sociedad más segmentada y dualizada”.

Esta situación plantea unas incógnitas a futuro que “habrá que ver si somos capaces de resolver en Navarra”. Si una época de bonanza económica propició que se produjera la progresiva integración de la población inmigrante, es sobre todo en una época de recesión cuando debe haber “estrategias para la cohesión social”. Y ahora, más que nunca, “son necesarias”, apostilla.

En materia de salud, se acusa a los inmigrantes del elevado gasto sanitario, cuando todos los indicadores muestran que tienen mejor salud que la población española. “Van menos al médico y consumen menos fármacos que la población española”, reiteran. Asimismo, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (2012) cita hasta 25 consecuencias sociosanitarias de la reducción de la cobertura para quienes no tienen permiso de residencia. Entre otras, vaticina problemas de salud pública por la retirada de la tarjeta a los irregulares, así como efectos secundarios en el resto de la población. Una de las mayores “evidencias empíricas” a la hora de refutar la teórica incidencia en el sistema sanitario de la población inmigrante es su juventud, lo que conlleva un menor uso de los servicios sanitarios. De hecho, la proporción de mayores extranjeros de 65 años en Navarra es del 1%, mientras que en las personas de nacionalidad española asciende al 19,8%. Tras la aprobación del Decreto-Ley en materia de salud algunas comunidades autónomas han adoptado diferentes decisiones. Por ejemplo, en Navarra, quien esté en situación irregular y se empadrone a partir del 1 de mayo de 2012 no podrá disponer de la tarjeta sanitaria. Sin embargo, el propio Defensor del Pueblo recordaba que Navarra es competente si lo desea para seguir cubriendo la asistencia a toda la población, ya que se mejora la básica del Estado mediante la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud. El artículo 11 de esta Ley indica que la asistencia es universal, incluidos “a los inmigrantes que residan en los municipios de Navarra con independencia de su situación legal o administrativa”. Es decir, con una mejor oferta sanitaria no se ha apreciado un flujo hacia Navarra de inmigrantes en situación irregular, destaca el Observatorio. Fuentes de Salud reconocen que otra posibilidad de cubrir esta asistencia a quien se quedara fuera podría ser a través del Decreto Foral 640/96 que regula el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública.