Su trabajo en tres casas de la provincia le ha permitido renovar su permiso de residencia y permanecer de forma legal en España. Pero a partir de la reforma del sistema de empleados de hogar, esta mujer de nacionalidad marroquí ya no puede pagar sus cuotas a la Seguridad Social, sino que tienen que hacerse responsables sus empleadores. Pero ninguno se lo ha propuesto y ella no se ha atrevido a planteárselo por miedo a que la echen, como ya le ocurrió una vez. Sin embargo, el temor a tener que abandonar el país está haciendo que se replantee esa posibilidad.

Como esta mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, casi medio millar de empleadas del servicio doméstico no comunitarias que residen en Málaga podrían perder sus papeles si no consiguen que las familias para las que trabajan les den de alta en el Régimen General. La Tesorería les ha dado de baja del sistema por no haberlo hecho antes de julio, cuando finalizaba el periodo transitorio establecido por el Gobierno tras la entrada en vigor del nuevo sistema el 1 de enero de este año.

Hasta ahora, las mujeres que trabajaban al menos 72 horas mensuales para más de un hogar tenían la opción de pagarse ellas mismas las cuotas de afiliación y poder así, en el caso de las inmigrantes no comunitarias, renovar sus tarjetas de trabajo y de residencia. Pero el cambio normativo establece que los empleadores siempre tienen que hacerse cargo de los pagos a la Seguridad Social con independencia de las horas que vayan a su casa a limpiar o cocinar.

Sin embargo, finalmente 935 empleadas discontinuas han sido expulsadas del sistema en la provincia de Málaga por no haber hecho el cambio, según datos facilitados por la Tesorería General, que calcula que unas 500 son extranjeras no comunitarias. En muchos de estos casos, las mujeres mantendrán sus puestos pero habrán pasado a la economía sumergida, de la que han salido otras 1.975 personas que han empezado a cotizar desde la entrada en vigor de la nueva ley. Si a diciembre de 2011 Málaga contaba con 8.725 afiliadas en el sistema especial de empleadas de hogar, a fecha de hoy hay registradas 10.700, un 22,63% más. No obstante, que haya aflorado empleo sumergido no conlleva necesariamente un aumento de la recaudación, ya que antes se cotizaba por la base máxima en todos los casos y hoy va en función del sueldo que perciba la trabajadora.

Envío de cartas

Respecto a las 935 trabajadoras discontinuas que han sido dadas de baja automáticamente, la Tesorería tiene previsto enviarles cartas en los próximos días para informar a sus empleadores de las ventajas de pasarlas al nuevo régimen antes. A partir de su recepción, tendrán 30 días para regularizar su situación antes de que sean dadas de baja definitivamente. La realidad es que numerosas familias no han acudido a las oficinas de la Tesorería a cambiar a sus empleadas de régimen porque no quieren asumir esa responsabilidad ante los nuevos derechos que se les reconocen a estas mujeres , como la indemnización por despido.

Dejar de estar afiliadas puede suponerles perder sus papeles, ya que, salvo casos excepcionales, para renovar el permiso de trabajo se exige que hayan cotizado 180 días en el último año y tener un contrato de trabajo vigente, explican fuentes de la Tesorería, que afirman que este es uno de los aspectos de la nueva ley que más preocupa.

La reducción de salarios es otra consecuencia del cambio de sistema, según añaden en la asociación Málaga Acoge. «Los empleadores se están ajustando al salario mínimo establecido», afirma Irene Peñalver, técnico del Área de Empleo de este colectivo. Por contra, lo más positivo es que «la ciudadanía se está concienciando de que las empleadas de hogar tienen derechos como cualquier otro trabajador».