El Gobierno Vasco ha confirmado el cierre, al menos, de dos pisos destinados a acoger a menores con órdenes judiciales de internamiento atenuado. Según indicó el Departamento de Justicia, los inmuebles están situados en Bilbao y San Sebastián, tienen capacidad para seis chicos cada uno y oficialmente han sido clausurados por falta de demanda, aunque eso no significa que no vuelvan a crearse plazas «cuando sea necesario». De momento, se mantiene otro inmueble similar en la capital guipuzcoana.
Según la consejería, la eliminación de la ‘lista de espera’ se debe a que los jueces de menores están dictando menos internamientos por delitos menos graves (hurtos, por ejemplo), que son los supuestos en los que se puede enviar al infractor a los ‘pisos de autonomía’ de régimen semiabierto o abierto y dejarlo a cargo de un responsable y media docena de educadores. Allí convive con otros jóvenes, todos mayores de 16 años, que se encuentran en similares circunstancias o que han pasado con anterioridad por centros más estrictos, pero cuyo comportamiento ha mejorado.
El Departamento de Justicia aclaró que la caída de los encierros atenuados no se debe exactamente al descenso de los delitos, sino a que llegan menos chicos extranjeros no acompañados; y estos, si delinquen, son los que acaban en los pisos de autonomía, pues una de las funciones de estos centros es proporcionar alojamiento. El dato lo confirma la memoria del Instituto Vasco de Medicina Legal de 2011, según la cual los exámenes para determinar la edad de inmigrantes jóvenes descendieron ligeramente el pasado año (-4%). En total se hicieron 262 estudios, de los cuales más de la mitad (188) correspondieron a Bizkaia, 48 a Álava y solo 26 a Gipuzkoa. Últimamente, explican en el Gobierno Vasco, entre los inmigrantes que acaban ante el juez de menores ya es frecuente que tengan «arraigo familiar»; y en tales casos reciben otros castigos alternativos, como las permanencias de fin de semana, los servicios para la comunidad, los tratamientos ambulatorios y, en algunas ocasiones, las tareas socioeducativas.
Fuentes judiciales aseguran que, realmente, los juzgados de menores no tienen menos trabajo ahora. Sin embargo, cuando el juez observa que el adolescente cuenta con «un entorno familiar estable», no es un delincuente habitual y los hechos que ha cometido están sancionados con menos de tres años, se plantea no encerrarlo.