La Organización Médica Colegial (OMC) defiende la objeción de conciencia de los facultativos ante la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales por considerar que “atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica”.

La OMC apoya la decisión de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) de seguir atendiendo a estas personas cuando se les retire la tarjeta sanitaria y hace hincapié en que “es un ejemplo a seguir”.

En una nota de prensa, la organización colegial expresa su apoyo a los valores deontológicos de la profesión médica “por una asistencia digna para todos, en estos momentos de crisis”.

“Es de desear que el Gobierno reflexione para llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas en momentos de crisis y sufrimiento social”, recalca la institución.

Agradece además a la SemFYC su posición ante la retirada de la asistencia a los inmigrantes que promulga el decreto de ahorro sanitario aprobado por el Gobierno.

Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.

En uno de sus documentos, afirma que el médico velará por la atención a cualquier ciudadano “independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario” y también de si este es extranjero no registrado ni autorizado como residente en España.

La organización que preside Juan José Rodríguez Sendín alega que el decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud compromete diez artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido a que “el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados”.

La OMC recomienda la “atenta” lectura de la declaración que ha hecho pública la SemFYC donde, “con rigor intelectual y sin simplificaciones”, se analizan los valores éticos que “se ponen en juego” al tomar decisiones que califica de “drásticas” sobre el acceso a la necesaria asistencia sanitaria de los ciudadanos.