La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la más representativa de la atención primaria con unos 22.000 socios, anima a los médicos a acogerse a la objeción de conciencia, a título individual, para seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles que ya sean pacientes suyos.

De esta forma, esta sociedad muestra su rechazo al real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la sanidad, que incluye la retirada de asistencia al inmigrante sin papeles desde el próximo mes de septiembre.

La disconformidad de la Semfyc se plasma en un documento titulado ‘Atendemos personas, no asegurados’, elaborado por su Grupo de Trabajo de Bioética, que defiende que la lealtad del médico al paciente debe prevalecer, y que se ha hecho público este miércoles en Madrid.
“Conflicto ético”

El presidente de esta organización, el doctor Josep Basora, ha subrayado que dejar de atender a personas que hasta ahora habían gozado de ese derecho plantea “un conflicto ético”. “No podemos dejar de atender a quienes han sido nuestros pacientes”, argumenta. Los responsables de la Semfyc han pedido al Ministerio de Sanidad que modifique el real decreto y han advertido de que si no lo hace “la única salida que le queda al médico de familia es la objeción de conciencia”, un derecho básico, que “no puede ser perseguido por las instituciones públicas”.

Catalunya y otras cuatro comunidades -Euskadi, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana- han anunciado ya su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes a partir de septiembre.
Cambio de reglas a medio partido

Los médicos de familia sí aceptan las limitaciones en la prestación impuestas por el Gobierno para el colectivo de inmigrantes “potenciales” o “que están por venir”, pero insisten en que no se puede hacer con los que ya están siendo atendidos “porque es cambiar las reglas del juego a mitad de partido”. Además, se muestran en contra del turismo sanitario: “Hay que combatir el abuso, pero son dos realidades distintas”, afirman.

El representante del Grupo de Bioética Abel Novoa ha precisado que la atención a los’ simpapeles’ no debe hacerse “como un trabajo caritativo”, sino que los médicos deben seguir atendiéndoles “dentro del sistema sanitario y del horario laboral”.

Respecto a cómo los ‘sin papeles’ podrán acceder a los medicamentos básicos, uno de los “mínimos decentes” a los que debe tener derecho este colectivo, el doctor Basora ha reconocido que es “uno de los interrogantes”, si bien ha señalado que van a estudiar las fórmulas que se adopten en otros países.
Registro de objetores

La Semfyc va a informar y asesorar a los socios que quieran objetar y se les va prestar todo el apoyo necesario. De hecho, se va a crear una red de médicos de familia alrededor de la objeción de conciencia, una especie de “registro” que recoja la voluntad de los médicos que quieran objetar y cuya copia llegará a los respectivos servicios de salud.

Novoa ha recordado que el real decreto limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados a los casos urgentes, lo que deja en manos del profesional una responsabilidad que no le corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un paciente tiene derecho a que se le atienda. La medida, además, va a tener consecuencias económicas, ya que la atención primaria es más barata que las urgencias, y también organizativas, al trasladar el flujo de inmigrantes desde un servicio a otro con los consiguientes problemas de “colapso”.