La Policía Nacional ha detenido a un constructor acusado de cobrar distintas cantidades de dinero a inmigrantes sin papeles a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que necesitaban para lograr la prestación por desempleo o conseguir la residencia en España. El detenido, de 39 años y residente en Mazarrón, ha sido arrestado por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental.

El sospechoso – detenido en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal – regentaba una empresa de construcción en la citada localidad en la que contrató, en los dos últimos años, a unos 300 trabajadores.

El inicio de actividad real de esta empresa se remonta al año 2006, habiéndose dedicado desde entonces y hasta el 2009 a la realización de pequeñas obras de construcción. Es a partir de esa fecha, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produce el incremento desmesurado en la contratación de empleados. Se daba entonces la circunstancia de que la empresa carecía de actividad, tanto laboral como económica, habiendo cesado sus operaciones mercantiles.

Curiosamente, tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos tres años contrató a más de setenta mujeres, además de cincuenta empleados que residían fuera de la provincia de Murcia, y algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona. En algunos domicilios de la provincia se encontraban, asimismo, empadronados conjuntamente varios de los supuestos trabajadores de la empresa, cuando estos realmente se hallaban residiendo habitualmente fuera de España.

Más de 800.000 euros

La finalidad principal de las altas ficticias era, según fuentes policiales, el acceso a prestaciones sociales por desempleo. Gran parte de los supuestos trabajadores eran dados de alta durante cortos periodos de tiempo y, posteriormente, despedidos, pudiendo acceder gracias a estos subterfugios al cobro de tales prestaciones. Muchos de ellos incluso han permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones, fuera de España, y al parecer trabajando incluso en otros países de Unión Europea.

Fruto de esta ilícita actividad se generaron prestaciones por importe superior a los 800.000 euros, habiéndose procedido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a la extinción y revocación de las prestaciones indebidamente cobradas y a la anulación del cobro de las cantidades pendientes. La empresa también contaba con una deuda cercana a los 500.000 euros al no haber pagado las cuotas empresariales relativas a la contratación de estos empleados, cantidad que ha sido anulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como los distintos movimientos fraudulentos de alta.

La operación, que continúa abierta, culminó con la detención del constructor, el pasado día 3 de julio, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Totana, que decretó su ingreso en prisión.