Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Cartagena han detenido a un constructor que utilizó presuntamente su empresa para formalizar contratos ficticios a 300 personas, la práctica totalidad de ellas de nacionalidad marroquí, y permitirles cobrar fraudulentamente prestaciones por desempleo, que podrían haber llegado a los 850.000 euros si no se hubiera descubierto la trama a tiempo, según informaron fuentes de la investigación.

La operación, que continúa abierta, culminó con la detención del constructor por parte de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena, el pasado día 3 de julio. Tras los interrogatorios preliminares, esta persona fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Totana, que decretó su ingreso en prisión.

El desmantelamiento de este negocio fraudulento ha contado desde el principio con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal. Todos ellos han aportado su granito de arena a la investigación, que comenzó en marzo.

El empresario detenido, de 39 años de edad y residente en Mazarrón, fundó en 2006 una empresa constructora que funcionó dentro de cauces aparentemente normales y con mayor o menor actividad hasta el año 2009. Fue entonces, con el sector en crisis, cuando, según la investigación, comenzaron a crecer las contrataciones, de una forma desmesurada y sospechosa. Hasta tal punto fue así que durante los 36 meses siguientes formaron parte de su plantilla alrededor de 300 personas distintas, a las que se les formalizaban contratos temporales que, a su conclusión, generaban derechos de cobro del subsidio de desempleo. Algunas de ellas lograron empleo y fueron despedidas de manera sucesiva, con periodos de unos pocos meses entre un contrato y otro. Otras no repitieron.

Comisaría de Cartagena

Los agentes de la Policía Nacional averiguaron que el constructor cobraba distintas cantidades de dinero a estos extranjeros empleados de manera ficticia, gracias a la falsificación del documento correspondiente. A cambio de ese dinero, les mantenía dados de alta en la Seguridad Social durante los periodos que ellos necesitaban para distintos fines, entre ellos el de poder renovar el empadronamiento y el permiso legal de residencia en España. Y eso sin que realizaran, en realidad, tarea laboral alguna para él. Después, les despedía y así podían acceder, también de manera irregular, a las prestaciones por desempleo.

El gran volumen de contratos declarados, sin contrapartidas para la Seguridad Social hizo saltar la primera alarma. La tesorería de esa institución detectó una deuda por valor de 500.000 euros correspondiente a cuotas impagadas. La investigación posterior permitió saber que la empresa no realizaba apenas obras que justificaran ese volumen de contratos. Además, entre sus trabajadores había más de 70 mujeres, algo insólito en el sector de la construcción.

Al cruzar datos se comprobó también que medio centenar de los supuestos empleados residía fuera de la Región de Murcia, en algunos casos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria y Gerona. Y también se detectó que algunos de ellos aparecían empadronados en el mismo domicilio de la Región, cuando en realidad estaban trabajando en comunidades diferentes e incluso en países de la Unión Europea.

Todo ello llevó a considerar evidente que esas personas no podían estar trabajando en obras de construcción para esa empresa y que los contratos no eran válidos. Por eso, la Tesorería de la Seguridad Social anuló las cuotas por una actividad laboral que no había tenido lugar.

Entonces, la Policía se puso a buscar el móvil de la trama, que resultó ser el cobro indebido de prestaciones por desempleo. Entonces fue cuando intervino el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que cuantificó en 850.000 euros el daño patrimonial que se le habría ocasionado al Estado, si no se hubiera descubierto el engaño. Las fuentes consultadas no precisaron cuánto de ese dinero ha sido efectivamente objeto de la estafa.

Permisos de residencia

El empresario, además de falsificar los documentos de los contratos, las altas a la seguridad social y las peticiones del subsidio de desempleo, cobró indebidamente a los ‘trabajadores’ por todo ello. También amparó un procedimiento irregular de renovación de autorizaciones de residencia en España y empadronamiento en distintos ayuntamientos.

La investigación de la trama continúa, según las fuentes consultadas. Este servicio se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que se vienen efectuando, en el marco de colaboración institucional, entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección Provincial de Trabajo y el Servicio de Empleo Público Estatal.