El ministro de Interior alemán, Hans-Peter Friedrich (de la conservadora CSU), apuesta por una reforma «profunda» de la agencia de inteligencia federal (BfV) y de sus filiales regionales. Así lo afirmó en una entrevista al diario «Bild am Sonntag» publicada este domingo, una semana después de la renuncia del director de la BfV, el socialdemócrata Heinz Fromm, tras descubrirse la destrucción de actas que documentaban la presencia de la célula neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU). La agencia de inteligencia depende de Interior.

Friedrich está decidido a «supervisar la organización» y a «cambiar todo aquello que sea necesario», «sin ningún tabú»: «Necesitamos una agencia con capacidad de acción que proteja nuestro Estado de Derecho de los peligros del extremismo y del terrorismo», señaló.

La BfV no sólo destruyó documentación sobre la existencia de la célula neonazi, sino que no alertó de su presencia. Fromm achacó la destrucción de documentos a un error y no a una acción intencionada, algo sobre lo que se especula y que tendría serias implicaciones políticas. Precisamente en 2007 los servicios de espionaje alemanes destruyeron centenares de actas relacionadas con el pasado nazi de algunos de sus agentes.

Clandestinidad Nacionalsocialista, formada por tres personas, asesinó a nueve extranjeros y a una policía, colocó bombas y asaltó bancos. Pero la Policía no descubrió su existencia hasta noviembre de 2011, cuando se suicidaron sus miembros Uwe Böhnhard y Uwe Mundlos al verse acosados por las fuerzas de seguridad tras un atraco.

La tercera terrorista, Beate Zschäpe, prendió fuego al piso en el que vivían y se entregó. Una semana después y pocas horas antes de que la información pasara a manos judiciales se destruyeron siete archivadores con información clave sobre el caso, recopilada a lo largo de seis años por el BFV y la inteligencia militar.
Relevo de Fromm

Friedrich afirmó que no hay prisas para el relevo de Fromm, que estará en el cargo hasta el 31 de julio y será reemplazado por un líder capaz de llevar a cabo las reformas, entre las que se encuentran la mejora de las comunicaciones entre los servicios secretos federales y los de cada estado, y el aumento de las competencias del fiscal federal general.