A los servicios secretos interiores alemanes se les achacaba desde hace tiempo una marcada miopía con la izquierda, a quien se veía como el ‘submarino’ de la comunista y enemiga RDA. Luego se comprobaría que los ‘submarinos’ de la Stasi, los servicios de inteligencia germano-oriental, estaban infiltrados en todo el espectro social y político de la RFA, incluido el entorno más cercano de la cancillería. También contribuía a ello la deficiente desnazificación de los medios policiales y judiciales durante la posguerra. Una miopía que a la luz de los últimos acontecimientos empieza a revelarse como una sospechosa ceguera.
El pasado lunes dimitía Heinz Fromm, jefe del servicio secreto interior, que ostenta el rimbombante nombre de Oficinal Federal para la Protección de la Constitución (BFV). La renuncia se producía pocos días después de que se descubriera que la institución bajo su mando había destruido importante documentación sobre una célula neonazi (Clandestinidad Nacionalocialista, NSU) integrada por tres personas a la que se atribuye el asesinato de diez personas: ocho pequeños empresarios de ascendencia turca, un ciudadano griego y una agente de Policía. También cometieron 14 atracos y dos atentados con bomba en barrios de fuerte presencia emigrante, en los que resultaron heridas de gravedad veintidós personas.
Años de tardanza
Tras una década en la clandestinidad y de un último atraco, se produjo el aparente suicidio de dos de los neonazis, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, en una caravana. La tercera terrorista, Beate Zschäpe, incendió el piso en que vivían y se entregó. Una semana después de estos hechos y pocas horas antes de que la información pasara a manos judiciales eran destruidos siete archivadores con información clave sobre el caso, recopilada a lo largo de seis años por el BFV y la inteligencia militar. Según el diario Bild, esta destrucción no fue una chapuza sino una acción premeditada para eliminar pruebas de los contactos de grupos neonazis con algunos miembros de los servicios secretos. También ha salido a la luz que la policía local detuvo en 2006, tras el asesinato a tiros del empresario de ascendencia turca, Halit Yozgat, a un hombre que resultó ser agente del BFV y que había sido testigo presencial de los hechos. Finalmente el agente no fue imputado y el ministro del Interior de Hesse y hoy presidente del estado federado, Volker Bouffier, prohibió personalmente que se investgara al BFV de su región por este crimen.
Para colmo de despropósitos, la Policía tardó años en relacionar los asesinatos con los grupos neonazis. Los atribuyó a la mafia e investigó incluso a los familiares de las víctimas dando a entender que podía tratarse de ajustes de cuentas entre mafias. La propia canciller, Angela Merkel, tuvo que pedir excusas por las falsas sospechas sobre los muertos y calificó los sucedido de «vergüenza». Tras aceptar la dimisión de Fromm, el ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, anunció una reforma a fondo del organismo de seguridad.