Con el debido respeto y en mi condición de médico de Medicina familiar y comunitaria quiero manifestar mi opinión ante las medidas recientes que ha tomado su Ministerio y que afecta tanto a los profesionales sanitarios como a la población residente en España. Ante la aprobación del RD Ley 16 / 2012, que excluye de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, quiero expresar mi rechazo por razones deontológicas y de ética profesional, ya que al hecho de ser injusta, porque afecta a uno de los mayores logros de la sociedad española, nuestro sistema de salud de carácter público y universal, se une el que esta ley alimenta un discurso xenófobo y altera los valores de solidaridad de nuestra sociedad al excluirlo de la asistencia médica en los centros de salud. Además de injusta, ya que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y excluye a una población con pocos recursos económicos y sociales.

Añadiré que es ineficiente, ya que costará a los españoles más dinero, puesto que la atención que tendrán en Urgencias hospitalarias es más cara que la Atención Primaria, y contribuirá al contagio de enfermedades de transmisión infecto – contagiosas, como la tuberculosis. Además, las personas que estén en Programas de cuidados de enfermedades crónicas no podrán seguirse por sus médicos de Atención Primaria, con lo que aumentará la morbi – mortalidad .

En su programa electoral no recuerdo nada en relación a ésta Ley y sí recuerdo que «no se tocaría la Sanidad, la Educación y las pensiones», y son 10.000 millones de recortes – 7.000 en sanidad y 3.000 millones en educación – . En la Comunidad de Murcia, la desaparición de los planes de calidad asistencial motiva un ERE en la Fundación para la Formación e Investigación que afecta a 36 personas, desapareciendo los Programas de Cuidados Paliativos, de Salud Mental, de Salud Sexual y Reproductiva; también los de lucha contra el Tabaquismo y del Uso Racional de medicamentos pasan a cero euros, y el de Formación Sanitaria pasa de 125.000 euros a 87.500 euros, con una reducción del 30%. En total, se pasa de 1.634.753 euros en 2011 a 608.576 euros, lo que representa un recorte del 62 %, sobre todo de fondos de su Ministerio. Desconozco quién le asesora, ya que vd. ni es médica ni conozco que tenga ningún máster en Economía de la Salud, pero le puedo asegurar que esas medidas no sólo son injustas sino también ineficientes, y provocará más gastos a medio – largo plazo a nuestro sistema sanitario y, por tanto, a los impuestos que pagamos todos.

Y para finalizar, el pago por parte de los pensionista de una parte de los medicamentos – que tampoco iba en su programa – creo que igualmente es injusta y no está consensuada con el resto de partidos políticos y las asociaciones ciudadanas. ¿Dónde están las iniciativas de un Pacto por la Sanidad de todos – o la mayoría – de los partidos políticos y organizaciones sociales?

Y finalmente, en mi condición de creyente católico, ésta desprotección a una parte de la población y el encarecimiento de los costes sanitarios – traslados de ambulancias, alimentos dietéticos, ortoprotésicos y medicamentos – , incluyendo a sectores con rentas bajas (menores de 18.000 euros anuales) creará situaciones inmorales para familias que no llegan a final de mes o viven hacinados por los desahucios de los bancos. A este respecto me gustaría saber la opinión de la Jerarquía de la Iglesia Católica ante los recortes sociales que se están produciendo en España, y que no miren para otra parte como hizo un tal Poncio Pilatos hace 2000 años y que quizás algunos han olvidado.

Con el debido respeto, deseo que su ministerio recapacite y haga un seguimiento y evaluación de sus medidas, ya que esto ayudará a ver los resultados en la población española.