donostia. SOS Racismo ha constatado un aumento del racismo de “baja intensidad” referido a la discriminación laboral, el acceso a locales públicos, a servicios sociales y de sanidad, y ha considerado “urgente” la creación de una Fiscalía especializada y Protocolos de Actuación para que estas denuncias puedan ser efectivas.

En su informe anual, la organización estima que “debería ser una labor prioritaria” dar respuesta a “la desinformación y la indefensión” de quienes pretenden denunciar estos casos. El documento presentado ayer recoge una selección de casi cien denuncias recibidas en las siete oficinas de SOS Racismo ubicadas en Donostia, Pamplona, Bilbao, Oviedo, Zaragoza, Barcelona y Madrid.

En Euskadi, el informe destaca que el porcentaje de personas que dispone de un permiso de larga duración o permanente ha pasado del 48,86% de los permisos al 52,66%. Según el estudio, el número total de inmigrantes en situación irregular ascendería a las 29.500.

Respecto a la modificación de la Ley de Inclusión Social llevada a cabo en 2011 y el aumento de uno a tres años de empadronamiento para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), SOS Racismo asegura que “va en la dirección contraria” a la de garantizar derechos de ciudadanía al amplio colectivo inmigrante “que está asentado y con un proyecto de vida” en la Comunidad Autónoma Vasca.

A su juicio, el colectivo inmigrante es uno de los más afectados por esta medida y considera, además, que la reforma se ha realizado “transmitiendo un mensaje de fraude” en las ayudas “que termina estigmatizando” a estas personas.

Según los propios estudios del Gobierno Vasco, esta ayuda “apenas supone un factor de atracción” para la inmigración a la Comunidad Autónoma (un 7%), y contrasta con que el 80% de los ingresos de este colectivo proviene de sus salarios.

pacto social Sin embargo, la organización considera “positivo” el reconocimiento de derechos a través del Pacto Social por la Inmigración, iniciativa emprendida por el Gobierno Vasco que “parece discurrir a contracorriente de los discursos populistas y abiertamente xenófobos”. En este sentido, proponen mecanismos de evaluación y seguimiento del cumplimiento de este pacto “para que no quede en un mero gesto de buenas intenciones”, y estima necesario que los partidos políticos que vayan a concurrir en las elecciones firmen un acuerdo por el que se comprometan a no utilizar la inmigración como elemento de campaña electoral.

En el apartado de conflictos, SOS Racismo destaca los derivados de la ubicación de mezquitas surgidos en Bilbao y Vitoria, y opina que se requiere “firmeza” por parte de las instituciones, que deben conceder licencias cuando la normativa urbanística lo permita, y les insta a resolver la conflictividad social “a través de la pedagogía política pero nunca limitando el ejercicio legítimo de derechos”.

Por otro lado, destacan el “elevado” número de quejas recibidas en sus oficinas respecto a la discriminación laboral y el acceso a locales públicos.

Precisamente es este racismo “implícito y disimulado” el que preocupa de manera especial a SOS Racismo por la dificultad que tiene para ser probado y la “normalidad” con la que se aceptan este tipo de conductas, incluso por los propios perjudicados.