donostia. La nueva regulación del servicio doméstico que entró en vigor el pasado mes de enero pretendía equiparar los derechos laborales de las trabajadoras de hogar y hacer aflorar gran parte de la bolsa de empleo sumergido que existe en el sector. Sin embargo, los resultados obtenidos, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, distan bastante de los objetivos, ya que con la nueva normativa la situación laboral y económica de muchas trabajadoras ha empeorado: ha habido un incremento importante en el número de despidos; se han rebajado las condiciones económicas de las empleadas – especialmente de las discontinuas – para compensar las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social; todavía hay muchos empleadores que se niegan a dar de alta a las trabajadoras, y las discontinuas que cotizaban por ellas mismas ahora quedan desprotegidas.

Con este panorama se puede concluir que los efectos positivos de la nueva normativa – reconocimiento de derechos laborales, fijación de salario mínimo, cobro por la baja de accidente y enfermedad, etc. – han sido eclipsados por los casos de “chantaje” económico que realizan muchos empleadores y por los despidos de trabajadoras.

Según la asociación vasca de trabajadoras de hogar (ATH – ELE), con sede en Bizkaia, el balance de los seis primeros meses de aplicación de las dos nuevas normas que regulan el servicio doméstico no es positivo, ni desde el punto de vista administrativo – ha habido muchas dificultades para la regularización – , ni desde el económico, pues las trabajadoras se han visto obligadas a negociar a la baja sus salarios para compensar la cantidad que sus empleadores deben ingresar ahora en concepto de cotización a la Seguridad Social.

Liz Quintana, portavoz de ATH – ELE, destacó que hay dos grupos de trabajadoras de hogar que se han visto claramente perjudicadas. Por un lado, las empleadas discontinuas (trabajan por horas en varios domicilios) que se daban a sí mismas de alta en la Seguridad Social y “que tras muchos años de cotizar con gran esfuerzo y sacrificio ahora pueden perder sus derechos”. Y por otro, las inmigrantes, cuya regularización “queda a expensas de la voluntad de su empleador” y que para conseguir ser dadas de alta y poder obtener o renovar sus permisos “tienen que aceptar condiciones por debajo de la legalidad”.

En general la obligación – vigente desde el 2 de enero – de dar de alta a las empleadas domésticas sea cual sea el número de horas que trabajen – antes solo era obligatorio a partir de 20 horas semanales – se ha traducido en una revisión a la baja de sus condiciones económicas, ya que los empleadores no están dispuestos a sumar el coste de las cotizaciones a lo que les venían pagando. Y, según denunció Quintana, las trabajadoras que se han negado a esta rebaja de sueldo han sido despedidas.

consultas por despidos Todo esto ha tenido su reflejo en el número de consultas y conflictos laborales registrados por la ATH – ELE en los seis primeros meses de 2012. “Los casos de despidos han sido el principal motivo de consulta en el 43,2% de las trabajadoras externas y el 41,6% de las internas. La cifra se duplica en el caso de las trabajadoras discontinuas”, explicó la portavoz de la asociación antes de añadir que “la mayor parte de los despidos no han estado causados por la falta de necesidad de los servicios, sino por la intención de los empleadores de contratar a otra empleada por un salario inferior”.

A su vez, esta asociación denunció que las medidas se pusieron en marcha sin dotar a la Administración de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para atender la avalancha de solicitudes de información y regularización de las empleadas. También se ha constatado que los modelos e impresos oficiales para regularizar a las empleadas domésticas (los de la Seguridad Social, los contratos y las nóminas) resultan “farragosos, complicados y prácticamente imposibles de cumplimentar sin ayuda” para buena parte de los empleadores lo que, unido al resto de dificultades, ha llevado a algunos empleadores a desistir, aseguró.