El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) ha ordenado retirar la renta de garantía de ingresos (RGI), y en su caso de la prestación complementaria de vivienda (PCV), a otras 3.637 personas u hogares que presuntamente han incurrido en algún tipo de irregularidad en los tres territorios históricos. La gran mayoría de ellos (2.500) están ilocalizables o se han negado a acudir a las oficinas de Lanbide tras haber sido avisadas en más de una ocasión, según aseguraron fuentes del Gobierno Vasco, que no concretaron cuántos individuos se incluyen en uno u otro supuesto.
Un segundo grupo (336) son perceptores de Bilbao que se negaron a trabajar cuando les incluyeron en un plan experimental de empleo. También hay 451 parados que, «sin ninguna justificación», rechazaron apuntarse a programas de orientación laboral. La lista de Lanbide se cierra con setenta extranjeros, «delincuentes probados», que habían sido expulsados de España por los tribunales, pero que seguían cobrando la ayuda económica.
Esas últimas personas han sido descubiertas a lo largo de este año, una vez que la gestión de la RGI fue transferida en enero pasado desde las diputaciones al Servicio Vasco de Empleo. Los trabajadores de este último organismo comenzaron a cruzar sus datos con los de la Administración central, y encontraron cada mes en los tres territorios algo más de diez delincuentes que, tras dejar de residir Euskadi, no habían dejado de percibir la RGI.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, al que pertenece Lanbide, indicó ayer que los 3.637 supuestos de fraude presentados ahora se suman a los 2.031 que fueron destapados entre enero y marzo pasados, todos correspondientes a personas o unidades familiares que no aparecieron por ningún lado, pero recibían la ayuda en una cuenta bancaria. En la nueva inspección, casi el 80% de las irregularidades (2.903) han correspondido a Bizkaia, territorio que acapara casi el 70% de las RGI de Euskadi. A gran distancia se sitúan Gipuzkoa (412) y Álava, que contabiliza 322.
La consejería de Gemma Zabaleta adelantó que a los afectados se les aplicará la suspensión cautelar de la RGI a partir de julio. Con ese procedimiento administrativo, que debe estar resuelto en tres meses, y en el que los afectados pueden presentar alegaciones, el Gobierno Vasco espera ahorrar «30,6 millones de euros anuales» en concepto de subsidios. Ahora bien, esa cantidad se alcanzará siempre y cuando todos los expedientes incoados se zanjen con la extinción definitiva de la ayuda.
Silencio administrativo
Según han denunciado reiteradamente varios colectivos sociales, SOS Racismo entre ellos, tal circunstancia se acaba produciendo muchas veces por silencio administrativo. La explicación es que Lanbide está desbordada de papeleo, un problema que se les planteó a las diputaciones cuando ellas tenían que gestionar los subsidios. Las ONGs se quejan de que, en la práctica, la suspensión cautelar ha estado funcionando como una extinción anunciada y temen que esa situación se perpetúe.
La nueva remesa de irregularidades en la RGI y en la prestación de vivienda que se cobra con la anterior cuando el beneficiario acredita que necesita un alquiler ha salido a la luz tras la revisión de 19.000 subsidios, la tercera parte de las 58.000 vigentes actualmente en Euskadi. En la inspección anterior, en el primer trimestre de este año, Lanbide había escrutado a 7.000 beneficiarios a quienes, en un principio, presentó públicamente como sospechosos de defraudar a la Administración. Argumentó que, tras haber enviado una carta certificada, esas 7.000 personas no habían contestado en una semana. Finalmente, tras remitir un segundo aviso, el Gobierno vasco solo confirmó irregularidades en menos de la tercera parte de los expedientes que había investigado (2.031).
Lanbide tiene previsto realizar una tercera revisión que alcanzará a otros ocho mil beneficiarios de la renta de garantía. Con ese último grupo completaría el repaso de los 34.000 perceptores que, teóricamente, están edad de trabajar y cobran la ayuda total o parcialmente. Los demás, hasta 58.000, son personas mayores que subsisten con pesiones muy bajas y las complementan con una cantidad para llegar al salario mínimo.