La Policía Nacional ha asestado uno de los mayores golpes a las tramas dedicadas al fraude en el cobro del paro de contrataciones falsas. Las cifras dan cuenta de la envergadura de la macro operación desarrollada en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén: 150 detenidos, otros 227 imputados, y 30 empresas ficticias localizadas.
La estafa consistía en utilizar sociedades fantasmas sin apenas actividad laboral y dirigidas por una maraña de testaferros para la contratación ficticia de trabajadores. La Dirección General de la Policía apunta que «miles de empleados» fueron dados de alta por este procedimiento, por el que pagaban entre 300 y 500 euros. Hasta ahora la Policía ha localizado a 3.375 trabajadores dados de alta de forma fraudulenta en el Régimen General de la Seguridad Social, si bien el número podría aumentar
Según las primeras estimaciones, al menos 400 de estas personas en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña consiguieron legalizar su situación y conseguir un permiso de residencia y trabajo. El fraude, solo en ese colectivo de magrebíes, supuso 2,6 millones de euros. Una cantidad que los inmigrantes recibieron del Servicio Público de Empleo Estatal. No obstante, la estafa al Estado localizada hasta el momento es mucho mayor, probablemente cercana a los 7,2 millones de euros, ya que al dinero que recibieron como falsos parados una vez que eran ‘despedidos’ de manera ficticia hay que sumar otros 4,5 millones de euros en deudas que los testaferros que dirigían esas mercantiles contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.
Las investigaciones comenzaron a mediados del año pasado cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas sistemáticas en sus cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral real. Los funcionarios centraron sus pesquisas en un grupo de 30 empresas (16 sociedades limitadas y 14 sociedades civiles particulares) que eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo. Los ‘capos’ de la red escogían como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones, es más usaban a personas de escasa formación o procedentes de «sectores marginales» como testaferros. Uno de los detenidos, que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades, trabajaba como repartidor de pizzas.
El entramado se esmeró en hacer opacas las empresas, con domicilios sociales inexistentes. Lo único real de la trama es que contaba con un nutrido grupo de profesionales de la gestión administrativa, que eran los que se dedicaba a todo el trasiego de confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja o certificados de empresa.