Bilbao. Hoy, sábado, se cierra el plazo establecido para la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y desaparece el Régimen Especial en el que se encuadraban estas trabajadoras hasta ahora. Aunque los resultados concretos del proceso de regularización laboral de las empleadas domésticas no se conocerán hasta el martes, cuando se hagan públicos los datos de afiliación a la Seguridad Social, ayer fue el último día hábil para que los empleadores realizaran sus trámites y, según datos adelantados por UGT, al acabar el periodo transitorio se calcula que unos 37.000 trabajadores no han cambiado de régimen.

El traspaso de afiliación de las trabajadoras de hogar desde el Régimen Especial – que desaparece – al General – para el que se estableció un período transitorio de seis meses – supone tan solo una parte de los cambios introducidos desde el pasado 1 de enero en la regulación del empleo doméstico. Además de este cambio en la adscripción a la Seguridad Social existe la obligación de dar de alta a las trabajadoras desde la primera hora de trabajo, así como la aplicación de nuevas tablas de cotización y la generalización de derechos como cobro por la baja por enfermedad y accidente, contrato por escrito, nóminas, vacaciones remuneradas, descansos, etc.

El paso de las trabajadoras de hogar al Régimen General de la Seguridad Social tiene como finalidad avanzar en la homologación de los derechos sociales y laborales de estas empleadas con los de los trabajadores por cuenta ajena. Mientras que el Real Decreto 1620/2011, que regula el empleo doméstico, busca, entre otras cosas, hacer aflorar buena parte del empleo sumergido que existe en este sector.

Según la Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de este año en el Estado español había 507.700 personas trabajando como personal doméstico – 495.400 mujeres y 12.300 hombres – . Sin embargo, en diciembre de 2011 en el Régimen Especial de empleadas de hogar había 296.950 afiliadas.

las sanciones Para quienes no cumplan con la nueva normativa, la Seguridad Social establece que a partir del 1 de julio aquellos empleadores que no hayan procedido a regularizar la situación de sus empleados de hogar, mediante su afiliación al Régimen General, tendrán las siguientes consecuencias: los empleados que presten servicios de manera exclusiva y permanente para un único empleador serán regularizados automáticamente y de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, tomando como base de cotización la del tramo superior dentro de la escala de Cotización (748,20 euros); en el caso de los empleados que presten servicios de manera parcial para varios empleadores, la TGSS procederá de oficio a cursar su baja en el Régimen Especial anterior, quedando excluidos de la protección de Seguridad Social hasta se realice el correspondiente movimiento de afiliación.

En cualquier caso, el empleador que no regularice la situación de su empleada y no abone la parte correspondiente de las cuotas, comete una infracción grave en Seguridad Social, que puede ser sancionada con una multa de entre 626 y 6.250 euros, en función del grado de la infracción.

Según la secretaria confederal de Política Social de UGT, Carmen López, unos 37.000 empleados de hogar todavía no se han dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y continúan en el Régimen Especial del hogar que desaparece hoy. Ante la situación de “colapso” que, según López, se está produciendo en las oficinas de la Seguridad Social, el sindicato ha pedido al Gobierno español que establezca una moratoria de unos días para que estos empleados puedan inscribirse.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, señaló ayer que su departamento analizará “con precisión” el proceso de integración de los empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social y que planteará la adopción de medidas adicionales si se consideran necesarias. Burgos anunció que presentará un informe al Parlamento sobre esta materia y que propondría cambios en la normativa si de este se deduce la adopción de determinadas modificaciones. El responsable de la Seguridad Social reconoció el proceso de regularización no ha estado exento de incertidumbres ante la complejidad del sistema elegido, y dado que el proceso no ha sido “fácil”, insistió, no cree que éste acabe el 1 de julio, por lo que conllevará “movimientos de afiliación” posteriores.