Durante su reciente viaje a México y Brasil, Mariano Rajoy debió constatar la pésima acogida que tiene en aquellos países la rigurosa política de inmigración española, que, además de cortar el paso a los inmigrantes de tales nacionalidades, somete a controles humillantes a los ciudadanos que vienen simplemente a hacer turismo o en viaje de negocios. No es pues extraño que, a su regreso, Rajoy decidiera junto al ministro del Interior suavizar las condiciones de acogida de los latinoamericanos, lo que se hizo mediante una circular secreta. Descubierta la medida, la Dirección General de la Policía la ha atribuido a ‘un error’, y ha anunciado que los cambios que se produzcan, si es que llegan, serán públicos. No es este el modo más adecuado de resolver disfunciones de la política migratoria, tan sensible políticamente y en materia de derechos humanos. Tanto las reglas que establecen filtros y requisitos de ingreso como sus modificaciones deben proceder de una reflexión madura y no de la improvisación urgida por un apretón diplomático. Y, por supuesto, han de plasmarse en normas que den seguridad jurídica y no en directrices subrepticias que abran camino a la arbitrariedad.