En una decisión que no deja vencedores ni vencidos, al menos en términos absolutos, el Tribunal Supremo de EEUU revocó ayer tres de las cláusulas más polémicas de la durísima ley inmigratoria de Arizona, pero dejó en pie la que más controversia había levantado. Los jueces avalaron la potestad de la policía para revisar el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de haber entrado en el país ilegalmente, una medida que ha despertado críticas por su componente racial y por la psicosis que crea entre los inmigrantes.

La Admnistración Obama había impugnado la ley, la más restrictiva de las aprobadas en varios estados republicanos, pero su victoria es solo parcial. El alto tribunal tumbó por 5 a 3 las provisiones que convertían en un delito la búsqueda de empleo sin papeles, la que avalaba los arrestos de sospechosos de haber entrado ilegalmente o la que penalizaba salir a la calle sin un carné que demuestre un estatus legal.