El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la conocida como «Ley Arizona» contra la inmigración ilegal en ese estado, aunque mantiene la polémica cláusula que permite a la policía «pedir los papeles a quienes considere sospechosos de ser ilegales».

Este aspecto es el que el presidente Barack Obama considera más como preocupante, pese a elogiar el fallo del Supremo. El presidente estadounidense ha renovado su compromiso de trabajar con ambos partidos en el Congreso hacia una reforma migratoria integral.

Ha asegurado Obama en un comunicado, tras conocer la sentencia, que «ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha solo por su aspecto» recalcando especialmente que en adelante «debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses».

En su sentencia, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la ley SB1070, pero mantuvieron la cláusula sobre el control de identificación, lo que, según los activistas defensores de los inmigrantes «dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero».

Muchos hispanos de Arizona, en la frontera con México, y que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses podrían verse requeridos a probar su estatus solo por su color de piel o su acento. Y por eso Obama, en su comunicado, recalca que «el ser estadounidense no es cuestión de aspecto físico o de apellido sino de una creencia compartida en la promesa duradera de ese país».

Mientras, el candidato republicano oficioso a la Presidencia estadounidense, Mitt Romney, consideró que el dictamen refleja la falta de liderazgo de Obama en esta materia y defendió «el derecho de los estados a resguardar las fronteras del país y el imperio de la ley».

El titular del Departamento de Justicia, Eric Holder, manifestó que el fallo «confirma la autoridad exclusiva del Gobierno federal de regular las leyes de inmigración» y prometió que su agencia vigilará que el resto de la ley se aplique sin atropellar los derechos civiles.

De las cláusulas anuladas por el Tribunal Supremo, una convertía en delincuentes a los indocumentados que obtuvieran o solicitasen trabajo. Otra autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que hubiesen cometido un delito que pudiera ser causa de deportación y otra exigía a los inmigrantes portar siempre documentos de registro ante el Gobierno federal.