El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer argumentos para que tanto el presidente Barack Obama como sus rivales se felicitaran por la resolución sobre la ley de inmigración de Arizona. Los hispanos, en cambio, sólo vieron en esa decisión un motivo más para sentirse perseguidos.

Había máxima expectación frente a la sede del Alto Tribunal en Washington. Salió Arizona, pero para el jueves queda el plato fuerte en estos meses de campaña, el fallo sobre la reforma sanitaria, piedra angular del mandato presidencial que acaba.

A la espera de ese momento, el fallo reconoce que la potestad para legislar en materia de inmigración corresponde al Gobierno federal y no a los estados. Aunque considera además que la mayor parte de los puntos en discusión son anticonstitucionales, mantiene el aspecto que abre la puerta al denominado perfil racial o a la actuación policial por el aspecto. Esto motivó un airoso comunicado de Jan Brewer, la gobernadora republicana y principal valedora del desafío.

El tribunal avala que los agentes revisen el estatus de cualquiera que se vea envuelto en un problema –un accidente, una infracción de tráfico…– por tener “la sospecha razonable” de que esa persona entró de forma ilegal en el país. “Hay incertidumbre respecto al significado de este punto y cómo se aplicará. En este momento, sin el conocimiento de cómo la interpretarán los juzgados del Estado, sería inapropiado asumir que habrá conflicto con la norma federal”.

Así lo indica la sentencia, que contó con cinco votos a favor y tres en contra de magistrados conservadores en cuya opinión se debía avalar toda la SB1070, ley pionera por su dureza contra los inmigrantes y que ha sido imitada por varios estados. La acción del Supremo, como reconocen sus propios integrantes, “no cierra” otros desafíos constitucionales. Según Alessandra Soler, directora ejecutiva de la American Civil Liberties Union de Arizona, “resulta imposible aplicar esta parte de la ley sin tener en cuenta el perfil racial”. Los colectivos hispanos subrayaron que ya hay procesos judiciales en marcha contra su aplicación.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que Obama, tras reconocer su satisfacción con la mayor parte del fallo, reconoce su disgusto por ese aspecto. “Me preocupa el impacto de que los agentes locales revisen la condición de cualquiera si ellos creen que han entrado de forma ilegal” La validación del muéstrame

tus papeles llega matizada por la prohibición de proceder a la detención de ciudadanos si no llevan documentación, si están en lugares públicos solicitando trabajo o si no hay una orden federal de arresto y deportación, que es el que manda en este terreno.

“Arizona puede tener una comprensible frustración por los problemas causados por la inmigración ilegal, pero el Estado no tiene potestad para imponer políticas que socavan la ley federal”, escribe el ponente de la setencia, el magistrado Anthony Kennedy.

“El Gobierno de Estados Unidos tiene un amplio, indiscutible poder sobre el marco de la inmigración y el estatus de los extranjeros”, insiste el fallo.

“Tal vez el sheriff Arpaio –el gran perseguidor de hispanos en Phoenix, capital de Arizona–, esté contento, pero será una victoria corta, porque en la decisión se indica que la potestad corresponde al Gobierno federal”, afirma Eliseo Medina, secretario de una organización de trabajadores con base en Washington.

Además de lo que digan los juzgados, su receta pasa por la movilización del voto hispano. “Si votamos –pronostica–, habrá una reforma migratoria y se acabará con la ley de Arizona”.