El Gobierno andaluz aprueba hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Ministerio de Sanidad aprobado en abril para ahorrar 7.000 millones de euros en gasto sanitario. Este decreto excluye a los inmigrantes sin papeles del derecho a la sanidad gratuita y a los mayores de 26 años que no coticen a la Seguridad Social del derecho a la tarjeta sanitaria. Andalucía se suma así al País Vasco y a Cataluña en acudir al alto tribunal contra la norma estatal, aunque el Gobierno de la Generalitat aclaró que piensa aplicar el decreto hasta que el tribunal se pronuncie.

Las tres comunidades creen que el real decreto vulnera principios constitucionales como el derecho a la sanidad pública y también artículos de los estatutos autonómicos. En el caso andaluz, se apunta que el decreto con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), en realidad lo desmonta al poner trabas a los ciudadanos para acceder a los servicios sanitarios. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, añadió ayer, al anunciar en Almería el recurso, que el decreto invade competencias autonómicas recogidas en el Estatuto andaluz, como el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y «residan donde residan».

El Gobierno de Griñán pretende con este recurso dejar en evidencia su apuesta por un modelo de gobierno con la defensa a ultranza de la sanidad y educación pública frente a lo que, según el presidente, está haciendo el Gobierno de Rajoy, impulsar y favorecer la entrada de la iniciativa privada en la gestión de ambas. Griñán, según recoge Europa Press, señaló que en Andalucía «rechazamos las políticas que, como las adoptadas por Rajoy, entienden la salud como un bien mercantil».

El presidente andaluz, que ha vuelto a pedir una conferencia de presidentes a Rajoy, apostilla que el recurso no es para hacer confrontación con el Gobierno del PP, sino para defender su modelo de entender la sanidad pública.

Sin embargo, este es el cuarto recurso de inconstitucionalidad que se cruzan Gobierno y Junta en tan solo seis meses. Los tres primeros fueron interpuestos por el Ejecutivo de Rajoy a medidas de la Junta de Andalucía. Recordemos: el recurso contra la ley electoral que excluye a los alcaldes del Parlamento; otro contra las oposiciones de profesores de secundaria y el recurso presentado contra la subasta de fármacos realizada por la Junta.

El portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, aplaude la decisión del Gobierno andaluz, que se suma a la del País Vasco. Sánchez Bayle califica de «chapucera» la ley de Mato por cuanto invade «muchas leyes estatales aún vigentes».

Griñán ha anunciado el recurso contra los recortes sanitarios del Gobierno en víspera de que el Parlamento apruebe el decreto de su Ejecutivo sobre el plan ajuste presupuestario de 2.700 millones de euros para este año.

Este ajuste ha vuelto a poner en pie de guerra a los funcionarios andaluces, incluidos los del sector sanitario, por el recorte a sus percepciones salariales. Unos 745 millones de euros del ajuste se aplican al capítulo uno del Presupuesto con bajadas salariales del 5 al 7%.