Mantas, colchones, comida, ropa… Lo habitual en una casa, pero en la calle. Se trata de un asentamiento ilegal de rumanos gitanos en la Plaza de Cristo Rey, que ayer fue levantado tras un mes de avisos por parte de la Compañía Integral de Seguridad (CIS) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El terreno del descampado es propiedad de dicho centro universitario y linda con una residencia para profesores.

Una valla de metal ha sido la solución para evitar que estas personas sigan durmiendo en las chabolas que habían formado. Ya no pueden entrar, aunque los empleados de seguridad de la Complutense todavía les permiten que accedan al lugar a recoger sus enseres. Según cuenta un vigilante, «no hubo enfrentamientos ni altercados cuando se les comunicó que estar aquí era ilegal y que tenían que marcharse». Apuraron hasta el último momento, pero cuando aparecieron los encargados de cercar el único lado por el que se podía acceder al asentamiento el que da a la calle Isaac Peral, salieron sin apenas oponerse. «Nosotros no estamos aquí para crear un conflicto. Tenemos órdenes de la Complutense de desalojar esto y así lo hemos hecho, pero sin violencia», explica un empleado del CIS. «Entiendo que estas personas no tengan hogar, pero hacían fuego y es totalmente insalubre. Ayer un compañero entró y salió con una pierna llena de picaduras, posiblemente de una pulga», añade. Este trabajador, además, confirma que «no había ningún menor» entre el grupo romaní compuesto por unas veinte personas.

Ayer por la mañana, una vecina vio cómo un grupo de personas dormía en una zona ajardinada frente al Arco de la Victoria, a escasos metros del descampado donde estaban hasta hace unos días. A media mañana, se habían ido, pero algunas de sus pertenencias aún seguían allí. Los trabajadores del Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR) se encargaban de recoger y adecuar nuevamente la zona. Ahora que se han quedado sin su segundo lugar de «ocupación», la gente del barrio teme que sigan dando tumbos buscando un lugar donde encontrar el punto ciego de la legalidad.

Según fuentes policiales, estos asentamientos no están permitidos en ningún caso, y su desmantelamiento es competencia de la Policía Municipal, que no tiene ningún plan específico para reubicarles una vez han sido desalojados de un lugar.