IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
Aquello de que toda crisis supone
una oportunidad se lo han tomado
al pie de la letra un grupo
de ciudadanos paquistaníes que,
aprovechando las colas que se
forman en Lanbide de personas
sin recursos que acuden a solicitar
la renta de garantía de ingresos,
se han dedicado a cobrarles
60 euros con la promesa de que
serían atentidos antes y de que
cobrarían también antes la prestación,
de entre 604 y 858 sin
contar con los complementos para
alquiler, entre otros. La Er
tzaintza reforzará desde hoy la
vigilancia en las cuatro oficinas
donde se ha detectado la estafa,
las de Txagorritxu y San Martín
en Vitoria y las de Mazarredo y
Rekalde en Bilbao. Lanbide, por
su parte, hizo hincapié en que
todos los trámites y gestiones de
su servicio son gratuitos.
Según informó Lanbide, se ha
detectado en los últimos días un
grupo de personas que acudían a
las oficinas de prestaciones a una
hora «extraordinariamente temprana
» para ser los primeros en
coger número para ser atendido. A
continuación, se colocaban en los
últimos lugares de la fila y ofrecían
a los que allí esperaban la oportunidad
de ser atendidos sin esperas
por la nada desdeñable cantidad
de 60 euros. La importancia de tener
el papeleo listo de una forma
rápida no es baladí, ya que condiciona
la fecha de inicio del cobro
de esta ayuda que da cobertura a
58.000 familias que no tienen otra
fuente de ingresos para subsistir.
De hecho, en los últimos meses se
han sucedido las quejas por los retrasos
en la atención en Lanbide,
que tiene un tiempo medio de espera
de 14 días.
El Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales calificó al grupo
de estafadores como «una mafia
organizada» que «trata de aprovecharse
de los más necesitados».
Los responsables de Lanbide matuvieron
ayer una reunión de urgencia
para determinar el alcance
de los hechos y la consejera
Gemma Zabaleta solicitó formalmente
a su homólogo de Interior,
Rodolfo Ares, que tomara cartas
en el asunto. Lo hizo primero por
teléfono y más tarde por carta.
Esta mafia está formada por ciudadanos
paquistaníes, según ha
podido saber este periódico.
El Gobierno también ha puesto
esta cuestión en conocimiento
de todos los directores de las oficinas
de la agencia, que deberán
extremar el control a partir de
ahora. «No vamos a permitir que
unos pocos se aprovechen de la
necesidad de quienes peor lo están
pasando», prometieron desde
Lanbide.