El Gobierno volverá a cambiar la
Ley de Extranjería –una norma que
ha sufrido cinco reformas en la última
década– para endurecer los requisitos
con los que los ciudadanos
obtienen la tarjeta sanitaria. Su objetivo
es acabar con el llamado turismo
sanitario, por el que los extranjeros
vienen a España, se empadronan,
se operan y se van.
Esta práctica, a la que han recurrido
más de 700.000 extranjeros, ha
supuesto un agujero de 917 millones
de euros en un solo año, según un
informe del Tribunal de Cuentas.
Hasta ahora, basta con que un ciudadano,
tanto español como extranjero,
presente su certificado de empadronamiento
para obtener la tarjeta
sanitaria, que le da acceso
universal y gratuito a todos los servicios
del sistema público. El registro
en el padrón se obtiene simplemente
con un DNI o pasaporte y un contrato
de alquiler o de compraventa
de la vivienda o la última factura de
teléfono fijo, agua, luz o gas.
Según explicaron ayer en elMinisterio
de Sanidad, habrá que aportarmás
documentación adicional,
aparte del padrón, para obtener esta
tarjeta, con el objetivo de acreditar
que se vive de formahabitual enEspaña.
Esto cambiará tanto para los españoles
para los extranjeros, pero, en
la práctica, restringirá el acceso a los
inmigrantes , sobre todo al millón de
personas que se calcula que se encuentran
en situación irregular.
En Sanidad insisten en que esta
medida está pensada sólo para aquellos
que no viven aquí habitualmente
ni tienen intención de hacerlo. Según
el citado informe del Tribunal
de Cuentas, son fundamentalmente
portugueses y franceses.
Pero a nadie se le escapa que habrá
muchos sin papeles que no tendrán
forma de acreditar que están
establecidos en España. De hecho,
hay muchos que ni siquiera están
empadronados porque no pueden
presentar un pasaporte y usan la sanidad
pública por la puerta de atrás;
es decir, acudiendo directamente a
urgencias.
Cuando la ministra de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, Ana
Mato, fue instada a que concretara
esta cuestión en la rueda de prensa
posterior al Consejo deMinistros,
mencionó el pago de «impuestos» o
disponer de «residencia fiscal en España
» como forma de acreditar que
se vive aquí habitualmente.
Pero, a renglón seguido, añadió:
«Para el resto se les ofrecerá el mismo
servicio que se nos ofrece a nosotros
los españoles en sus países.
La asistencia básica y las urgencias
seguirán siendo para todo el mundo
». Es decir, la universalidad de la
asistencia se mantiene, pero se establecen
dos categorías de atención: la
básica (sin tarjeta sanitaria) y la integral
(con tarjeta sanitaria, para los
residentes permanentes).
El Gobierno tendrá que tocar el
artículo 12 de la Ley de Extranjería,
que ahora dice que «los extranjeros
que se encuentren en España inscritos
en el padrón del municipio en el
que residan habitualmente tienen
derecho a la asistencia sanitaria en
lasmismas condiciones que los españoles
».
También tiene que trasponer un
artículo de una directiva europea
que incorporó de forma incorrecta
en su momento que era el que le impedía
que pudiera facturar a otros
países el uso de la sanidad que hacían
los extranjeros.
Lo que no tocará es la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local,
que es la que se encarga de todo lo
que tiene que ver con el padrón.
También se van a revisar los
convenios con algunos países, ya
que, según Mato, «mucho no reintegran
el dinero que deben por la
asistencia sanitaria».
Con todo esto, Sanidad quiere
ahorrar otros 1.500 millones de euros.