bilbao. “Pedimos al consejero Bengoa que aguante el tirón y no aplique en Euskadi el decreto que restringe las prestaciones sanitarias. Pero si lo hiciera, los sanitarios vascos – médicos, enfermeras – nos acogeremos al derecho de objeción”. Así lo indicaron ayer contundentemente representantes de diez organizaciones que mostraron su rechazo frontal a la exclusión de la atención sanitaria a diversos colectivos.

Esta iniciativa se hizo pública a lo largo de una rueda de prensa, celebrada en Bilbao, por parte de representantes del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Osalde (Asociación por el derecho a la salud), Colegio de enfermería de Bizkaia, Asociación vasca de Rehabilitación Psicosocial, Munduko Medikuak, Sociedad científica de enfermería familiar y Comunitaria de Euskadi, Asociación de Salud Mental y Psiquiatría comunitaria, Sociedad vasca de Medicina de Familia y Comunitaria (Osatzen), la Asociación vasca de Pediatría de Atención Primaria y la sociedad vasco – navarra de pediatría.

“Una chapuza” Los responsables sanitarios fueron contundentes a la hora de señalar que el Decreto es una “chapuza” que va en contra de derecho a la salud y, en definitiva, contra el Estado del bienestar. “No está justificado económicamente, ni legalmente y el decreto no va a favorecer la calidad del sistema.”.

Los representantes de los distintos colectivos, a los que se unirán en los próximos días el Colegio de Farmacéuticos, subrayaron que se están creando las condiciones par el “desmantelamiento” del sistema público de salud, por lo que solicitaron la retirada del decreto.

Con este decreto, según estos sanitarios, se “quiebra” la solidaridad. "Además, es una medida del todo racista que tiene que ver más con cuestiones “ideológicas”.

Además, Euskadi es la primera vez que se da una iniciativa de estas características y lo hacen conscientes de que se pueden enfrentar a “complicaciones” por esta decisión.

Sin embargo, apuntaron que pondrán en marcha una campaña junto con las ONG, ayuntamiento, sindicatos y diversos colectivos en favor de la salud y contra este “espantoso” decreto. Para ello entregarán el texto consensuado – cerca de 10.000 ejemplares – en las consultas y entre los profesionales del sector privado que se lo demanden. De aplicarse el decreto de Rajoy, Osakidetza dejaría de atender a 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido aún a su primer empleo, 800 personas divorciadas, 3.500 con discapacitación menor del 65%, además de 22.000 personas inmigrantes empadronadas pero sin permiso de residencia y otras 17.000 que no están empadronadas.