El presidente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, propone exigir a los inmigrantes un arraigo de cinco años para optar a una vivienda pública de alquiler y de diez años, si es de compra.

«En la cuidad de Barcelona, si una persona inmigrante quiere acceder a una vivienda pública lo primero que tiene que hacer es demostrar su vocación de arraigo», dijo el dirigente popular. Actualmente, el Ayuntamiento exige dos años de residencia si se trata de alquiler y de cinco, si es de compra, pero fuentes del PPC aseguran que la accesibilidad a una vivienda pública en la capital catalana se produce al día siguiente de estar empadronado en Barcelona.

Fernández justificó su propuesta en que «la vivienda es un bien escaso y caro» y «no puede ser que una persona que acaba de censarse en Barcelona, y ni tan solo ha pagado impuestos, pida una vivienda social». Añadió que «es necesario cambiar las condiciones de acceso, ya que esta normativa no premia a los barceloneses y además los pisos adjudicados reciben un 60% de renuncias de las personas que los reciben».

Estas medidas, explica Alberto Fernández, tienen como finalidad «garantizar que puedan acceder a vivienda protegida las personas que realmente tengan voluntad de arraigo a la ciudad de Barcelona».