Hay erratas muy reveladoras. Por ejemplo, el pasado 12 de abril el Ministerio del Interior entregó a las ONG un primer borrador del reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que aparecía presentado «a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior». Esta equivocada mención a Alfredo Pérez Rubalcaba sólo podría significar que la norma que se aprobará en breve en Consejo de Ministros es la misma que redactó el anterior equipo socialista. El PP se habría limitado a sacarla de un cajón y desempolvarla.

En otras palabras: por mucho que el ministro Jorge Fernández anuncie cambios en la política migratoria, sus cimientos son iguales a los de la etapa anterior, caracterizada por las redadas masivas y la opacidad en los CIE. Prueba de ello es que, si se compara el documento en que se citaba erróneamente a Rubalcaba con el anteproyecto de real decreto que se presentó el lunes, pocas cosas han cambiado. PP y PSOE escriben, en definitiva, las mismas políticas.

Ésta es, al menos, la tesis de los colectivos que más de cerca conocen la realidad de los centros donde los sin papeles permanecen retenidos hasta un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión. SOS Racismo, Médicos del Mundo, Cear, Pueblos Unidos, San Carlos Borromeo, Andalucía Acoge y otras ocho ONG más, agrupadas bajo la plataforma Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, denuncian que el nuevo reglamento «perpetúa el modelo policial» que caracterizó a la era Rubalcaba.

Estas asociaciones valoraron en su día que el Gobierno les reuniera y les adelantara una primera versión del reglamento, algo que «no hizo» el Ejecutivo anterior, pero ahora expresan «sorpresa» e incluso «indignación» porque Interior no ha incorporado al texto «ni una sola» de sus sugerencias.

Habla Mikel Mazkiaran, presidente de la Federación Estatal de SOS Racismo: «Nos sentimos engañados, porque ¿para qué nos dicen que hagamos aportaciones si no nos hacen caso con ninguna? También tenemos una sensación de oportunidad perdida. Interior ha hecho caso omiso de todo y ha redactado un reglamento que se asemeja a la regulación de un centro carcelario. Éste no es el reglamento que queremos».

Las ONG denuncian que el anteproyecto de real decreto «no garantiza los derechos fundamentales de las personas internadas». ¿Por qué? «Porque prima las cuestiones de control y seguridad en detrimento de las condiciones de vida de los internos».

«El Gobierno no ha hecho caso a las ONG», expresa, por su parte, Mamen Castellano, presidenta de Andalucía Acoge. Denuncia, de hecho, que en algunas cuestiones el texto «supone un retroceso en relación con la situación actual». Por ejemplo, con el régimen de visitas. El texto dice que se permitirán visitas a los internos «al menos» dos días a la semana. Pero ahora estas visitas se realizan todos los días.

Además de las ONG, Interior tuvo en cuenta las sugerencias de la Abogacía, la Fiscalía y el poder judicial. Pero en el reglamento no se incorpora prácticamente ninguna de las cuestiones que han ido regulando los juzgados de vigilancia y control de los nueve CIE que hay en España. Por eso algunos derechos que ahora tienen los internos como el uso del teléfono móvil en determinados horarios dejarán de existir cuando se apruebe la nueva normativa.

Según fuentes judiciales, el reglamento podría presentar, además, algunos «problemas jurídicos», ya que, al hablar de cuestiones como horarios de asistencia médica o libertad de comunicaciones, podría entenderse que «interfiere» en el tratamiento de derechos fundamentales, que sólo pueden ser regulados a través de una ley orgánica y no por real decreto. «Se van a ver en un lío de constitucionalidad», dicen las mismas fuentes, que apuntan a que éste fue el motivo por el que el anterior Gobierno no quiso sacar adelante el reglamento, a pesar de tenerlo redactado y haber anunciado su inminente aprobación en varias ocasiones: «No quisieron exponerse a que se lo tumbaran por inconstitucional».