M. RAMÍREZ/ Bilbao
Hay tópicos que los datos estadísticos
ponen en entredicho, o, por el
contrario refuerzan. Todo depende
del ángulo bajo el que se examine.
Uno de ellos hace referencia
al origen del maltrato a mujeres.
La creencia generalizada avala la
tesis de que la violencia machista
tiene una procedencia cultural que
enraiza más con la inmigración
que con la población autóctona.
La Memoria Judicial de 2011 elaborada
por el Tribunal Superior
del País Vasco cuestiona esa percepción
en términos absolutos, pero
no la disipa desde una aproximación
relativa, si se compara la
proporción entre una población y
otra.
A lo largo del ejercicio anterior
los juzgados vascos de violencia
sobre la mujer emitieron un total
de 953 órdenes de protección. En
el 65% de los casos el denunciado
era un hombre español; en el 35%
restante, un extranjero. Casi el doble
de denuncias inclina la balanza
hacia un lado determinado,
aunque la conclusión se resiente
en términos relativos, ya que según
los últimos datos del Eustat
sólo un 8.09% de la población vasca
procede del extranjero.
Casi el millar de órdenes de protección
dictadas tuvo, en consonancia,
como destinatario a un colectivo
de víctimas integrado en
una mayoría amplia por mujeres
españolas, 628, y en mucha menormedida,
315, por extranjeras.
Las proporciones por origen
aumentan al abordar los datos sobre
personas enjuiciadas y condenadas
por delitos de violencia de
género. El año pasado hubo cerca
del doble de condenados españoles,
375, frente a 200 de nacionalidad
extranjera. En las absoluciones,
el número es mayor, 80 frente
a 17. En resumen, que fueron
enjuiciadas 455 personas españolas
y 217 extranjeras. Las cifras no
discriminan entre hombres ymujeres,
aunque la proporción del
sexo femenino es prácticamente
irrelevante.
La Memoria Judicial aporta todo
tipo de desgloses, tanto territoriales
como procedimentales en
relación a solicitudes de órdenes y
medidas judiciales de protección.
La clasificación por territorios
obedece a las pautas poblacionales
que conceden una mayor conflictividad
absoluta a Bizkaia. Otros parámetros
de valoración resultan
más reveladores, como el referido
al resultado de las solicitudes de
órdenes de protección. Fueron
aceptadas el 62,5% , o sea 596, y
rechazadas el 37,4% restante. La
práctica totalidad de las intervenciones
se realizaron a instancias de
la víctima, una mínima parte a petición
de la Fiscalía y en ningún
caso por la actuación de la Administración.
La tasa de denuncia en función
del número de habitantes arroja
una desproporción, no explicada,
en el territorio alavés. Álava acumula
un 50,4% de denuncias por cada
10.000 mujeres, frente al 36,2% de
Bizkaia y el 32,1% de Gipuzkoa.
También Álava se lleva la palma en
el ratio de las denuncias retiradas.
Muchas mujeres se desdicen de sus
acusaciones, aunque más en el suelo
alavés y en gipuzkoano que en el
vizcaíno. Los ratios respectivos son
del 0,32, el 0, 19 y el 0,08.