Ayer fue un día de felicitaciones para las ONG, partidos políticos e instituciones que desde hace 23 años han luchado para conseguir la desaparición del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga. Pero sobre todo, era la noticia más esperada por el colectivo inmigrantes y los funcionarios de la Policía Nacional que trabajan en el edificio que, según venían denunciando a través de los sindicatos policiales, se encuentra en un estado de ruina y no reúne las condiciones de habitabilidad para acoger a internos y personal.

El subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, confirmó ayer la noticia del cierre del centro de Capuchinos a partir del día 20 de junio. Señaló que el edificio ya «no garantizaba las condiciones dignas de habitabilidad» para los internos y los funcionarios. «Es una decisión que el Gobierno ha tomado a la vista de la situación de la infraestructura y en base a los informes recibidos por parte de la Delegación, de la Subdelegación, la Dirección General de la Policía, autoridades judiciales y fiscales, y del Defensor del Pueblo, así como asociaciones que se han pronunciado sobre este centro», indicó.

Hasta el próximo día 20, se tratará de acelerar el proceso de expulsión de los trece internos que quedan – once hombres y dos mujeres – y, los que queden en el momento de la clausura definitiva, serán trasladados a los centros homólogos en Algeciras y Madrid. En 2011, pasaron por estas instalaciones 430 personas.

Hernández Mollar explicó que esta medida entra dentro del propósito del Gobierno de cambiar los CIE por un nuevo concepto. Se denominarán Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE) y entre las novedades, se separarán los internos con antecedentes de los que no los tengan. Aunque el subdelegado aclaró que «hoy por hoy» no hay planes para crear un nuevo centro con estas características en Málaga.

Desde Málaga Acoge aseguraron que se trata de un logro de las asociaciones que durante años han denunciado las condiciones del CIE, pero que todavía existen otros ocho centros de internamiento en España que también tienen que desaparecer. Añaden que estas personas a las que se priva de libertad no han cometido ningún delito, solo se encuentran en situación irregular en el país. Según la ONG, entre 2004 y 2009 pasaron por allí más de 17.000 personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno. Desde que abrió sus puertas en 1989, las denuncias de las asociaciones han sido constantes debido a «la falta de respeto a los Derechos Humanos, los abusos, las malas condiciones del centro o la falta de transparencia en su gestión».

Las asociaciones también destacan el papel del Ayuntamiento de Málaga que se hizo eco de la solicitud de numerosas organizaciones sociales para iniciar el expediente de ruina del centro de internamiento. De hecho, para subsanar los errores detectados por los técnicos municipales se van a realizar obras en el edificio por valor de 136.100 euros en los próximos meses.