Las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) de asistencia han rechazado de plano la propuesta de reglamento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) presentado por el Gobierno, que se ha visto obligado a retirar el borrador y “replantearse todo el sistema de nuevo”.

Así lo han explicado a Efe fuentes de algunas organizaciones a las que el Ejecutivo había planteado la posibilidad de hacerse cargo de los servicios de asistencia social y sanitaria a los internos en estos centros.

El borrador de reglamento presentado por el Ministerio del Interior para los CIE establecía “dos ámbitos bien distintos” en su funcionamiento.

La “seguridad de los centros y de las personas” y la tramitación de los expedientes de expulsión correspondería a la Policía Nacional, mientras que la “faceta asistencial” estaría en manos de ONG.

La propuesta – a la que ha tenido acceso Efe – detalla que los centros estarían “incardinados” en el Ministerio del Interior y que la “dirección, coordinación, gestión y control” de los mismos se ejercería a través de la Dirección General de la Policía.

También precisa que los servicios de asistencia sanitaria y los servicios sociales serán “competencia del Ministerio del Interior”, que podrá concertarlos con otros ministerios o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

“La propuesta es inadmisible; nos hemos plantado porque tenemos planeamientos irreconciliables”, asegura Mamen Castellano, presidenta de la Federación Andalucía Acoge, una de las principales organizaciones humanitarias implicadas en el proyecto.

“Tal y como lo plantean, las ONG dependeríamos directamente de la Policía y deberíamos acatar y obedecer todas sus decisiones; eso es imposible”, subraya Castellano, para quien el reglamento da “demasiado papel a la Policía y deja demasiados asuntos al arbitrio del director del centro, que también es de la Policía”.

Por ello, las ONG consideran que los servicios sanitarios, sociales y asistenciales en estos centros “son funciones a las que debe atender el Estado con funcionarios públicos; las ONG estamos para paliar las deficiencias del Estado, pero la responsabilidad es suya y debe asumirla”, dijo Castellano.

El Gobierno, que en un principio “empujó” por tener el reglamento aprobado para el pasado mes de abril, ya ha asumido que tampoco estará listo antes de verano y que tendrá que “replantearse todo el sistema”, explica una de las fuentes.

Tras analizar el documento, las ONG consultadas, promotoras de la campaña “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE”, presentaron un documento de “observaciones” en el que mostraban su “disconformidad” hasta con el nuevo nombre que el Ejecutivo proponía para los centros: centros de estancia controlada de extranjeros.

Según el documento de las ONG, cambiar el término “internamiento” por “estancia controlada” sólo estaría “justificado si el nuevo reglamento reflejara un cambio de modelo, que desde luego el texto analizado ni siquiera emprende” ya que las condiciones de los centros siguen siendo “peores que las de las cárceles”, y controlados por la Policía.