JOSÉ A. CANO / Granada
La Fiscalía de Granada ha emitido
una orden de búsqueda para una
menor de 15 años de edad y nacionalidad
extranjera acusada de un
delito de mendicidad infantil por
pedir limosna con su bebé en brazos
a la puerta de un supermercado
en una localidad del área metropolitana
de Granada. Aunque la
búsqueda por parte la Policía y la
Guardia Civil se circunscribe a dicho
área, se baraja que no pueda
no residir ya ni en España.
El caso es llamativo en cuanto
que supone un doble delito de
mendicidad infantil, contemplado
como tal en el Código Penal, ya
que la menor lo habría cometido al
pedir limosna ella misma y también
al utilizar a su bebé de pocos
meses como reclamo. La petición
de la Fiscalía de Menores granadina
para ella por estos delitos es
tan sencilla como que acuda a una
escuela de padres y un centro de
planificación familiar en Granada.
El asunto llegó a manos del Ministerio
Público a través de la Policía
Local y los Servicios Sociales
del municipio del área metropolitana
granadina donde la menor residía
presumiblemente hasta ahora.
Hasta en tres ocasiones, la joven
fue advertida de que su
comportamiento podía constituir
un delito y que debía acudir a un
centro para pedir ayuda, sin que
quede muy claro siquiera si lo
comprendió. Finalmente, los agentes
acabarían por emitir una denuncia
al respecto en noviembre
del año pasado, cuando el bebé
contaba con tres meses de edad.
El caso llegó entonces a manos
de la Fiscalía de Menores, que calificó
los hechos como un posible
delito de mendicidad infantil, certificando
la minoría de edad de la
joven pedigüeña y llamándola a
declarar, pidiendo la citada atención
social como condena para ella
y el bebé todavía menor de un año.
Sin embargo, tras varias citaciones,
la menor no ha acudido, por
lo que se ha emitido una orden de
búsqueda que, antes que una cacería
criminal, pretende evitar la situación
de riesgo en la que, presumiblemente
y a tenor de los datos,
sobreviven la menor y su hijo.
Según los datos recabados por
los servicios sociales y la propia
Fiscalía, la menor convivía con su
marido, mayor de edad y padre del
niño, y otras siete personas más en
un piso de reducidas dimensiones
en el municipio donde ejercía como
mendiga. Las condiciones de
salubridad y habitabilidad de dicha
vivienda «no eran las ideales» ni
para el bebé ni para la madre, protegida
como menor igualmente.
El delito de mendicidad infantil
pena la utilización para la práctica
de la misma de menores o incapaces,
aunque es muy raro que se
utilice precisamente contra el propio
menor. En caso de tratarse de
adultos incluye condenas de hasta
seis meses de cárcel y la retirada
de la patria potestad si son los progenitores
de los menores afectados.
En este caso concreto, la circunstancia
de que la madre sea,
por definición, también una menor
en riesgo, ha motivado la petición
de Fiscalía.
No se descarta que la joven y su
familia se hayan mudado –no ha
sido posible localizarla en sus puntos
de mendicidad habituales– e
incluso que se encuentren ya fuera
del país