El departamento de Salud está trabajando en el establecimiento de una normativa que regule la vía de asistencia o de extensión de la universalización a personas de colectivos que se pueden ver excluidos del acceso a la asistencia sanitaria pública como consecuencia de la aplicación de los recortes recogidos en el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno del PP.

pamplona. Así lo expuso ayer la titular del departamento, Marta Vera, en comisión parlamentaria, en la que recordó que el Gobierno de UPN y PSN acordaron el pasado mayo garantizar la asistencia médica, en sus actuales términos, al conjunto de residentes en Navarra que no tienen la nacionalidad española, siempre y cuando estén empadronados con anterioridad al 30 de abril de 2012. La consejera, sin embargo, no precisó si esa atención tendrá carácter gratuito ni aclaró, a pregunta de I-E, que sucederá con 6.000 inmigrantes regulares que tendrán que renovar la tarjeta sanitaria en dos años. “Los inmigrantes irregulares van a tener acceso a la sanidad, Navarra va a atender exactamente igual que al resto de ciudadanos de la Comunidad a los inmigrantes que estén empadronados con anterioridad al 30 de abril de este año”, zanjó tras recordar que Navarra no tiene competencia en materia de extranjería y que el Real Decreto, “de aplicación en Navarra no invadiendo competencias, ha excluido de forma clara” al colectivo de inmigrantes no legales de la atención sanitaria pública.

Los grupos de oposición advirtieron de que se producirá una discriminación entre los inmigrantes empadronados antes y después del 30 de abril y recordaron la existencia en Navarra de una normativa que extiende la asistencia pública a toda la ciudadanía residente en cualquiera de los municipios de Navarra con independencia de su situación legal o administrativa. “Navarra está obligada a atender a todas las personas tengan papeles o no”, sentenció Maria de Simón (I-E), quien alertó de que la asistencia en Primaria es más barata que derivarlas a Urgencias. Desde NaBai, Asun Fernandez de Garaialde habló de “esquizofrenia” en el Gobierno UPN-PSN, “que no dice que a partir del 30 de abril la situación en Navarra será igual que la aprobada en Madrid”. “Lo más perverso de esta ley dijo es el cambio de asegurado a beneficiario”. A su juicio, se aprovecha la crisis para realizar “cambios de un componente ideológico importantísimo”.

Amaya Zarranz, del PPN, defendió que “ninguna persona se va a quedar sin asistencia sanitaria, lo que se va a quedar es sin la tarjeta”. “No se trata de xenofobia o ideología, se trata de que hay que ser solidarios para atender a la gente que está enferma y solidarios también con las personas que pagan impuestos aquí”, concluyó.

En cuanto a la aplicación del resto de recortes, Vera afirmó que el Gobierno foral “debe aplicarlos”, al considerar que no invaden las competencias de Navarra. “Con los informes jurídicos que hasta el momento contamos, estamos obligados a asumirlos”, dijo, aunque los grupos están a la espera de los informes jurídicos solicitados en el Parlamento. Fernandez de Garaialde y Bakartxo Ruiz, de Bildu, reprocharon a la consejera que no concretase más la aplicación en Navarra de los recortes la consejera solo precisó que se busca una fórmula para que los jubilados no tengan que adelantar más de los 8 euros que deben pagar como tope por los medicamentos y que los enfermos en hemodiálisis no repagarán el transporte sanitario. “No concreta nada, solo su disposición a aplicar todo”, dijo Ruiz.