La Generalitat aplicará el recorte sanitario aprobado por el Gobierno español, a pesar de su decisión de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Como ya publicó ayer ABC, el Gobierno catalán ha decidido impugnar el real decreto estatal más por una cuestión de competencias que por su contenido. La aplicación de esos ajustes en Cataluña confirma la estrategia defensiva del Ejecutivo de Artur Mas ante lo que interpreta como un ejemplo de la ofensiva recentralizadora del Gobierno español.

La Generalitat, a través de su portavoz, Francesc Homs, ratificó su decisión de acudir al TC, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias concluyera que la norma española vulnera competencias catalanas y cuestionara que se limite el acceso de los inmigrantes ilegales a la sanidad pública. Tanto el Gobierno autonómico como PSC, ERC e ICV, habían solicitado a esta especie de «tribunal constitucional a la catalana» un dictamen sobre el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud.
Vía parlamentaria

Según Homs, el Ejecutivo catalán hace suyas las conclusiones del Consejo «por automatismo» y emprenderá los trámites correspondientes para presentar el citado recurso. Paralelamente, la Mesa del Parlamento autonómico ha dado un plazo de tres días para que los solicitantes del dictamen puedan pedir formalmente que la Cámara catalana interponga un recurso ante el TC.

El tripartito ha solicitado al Gobierno catalán que no aplique esos recortes, petición que fue criticada por el portavoz de la Generalitat. «Resulta muy sorprendente que el principal grupo de la oposición llame a la insumisión legal, a no aplicar una ley en vigor», dijo. Añadió que «la ley nos puede no gustar, podemos considerar que vulnera las competencias de Cataluña, pero los gobiernos deben procurar moverse en el marco de la aplicación de la ley».

No obstante, precisó que en Cataluña se garantizará que cualquier extranjero sin permiso de residencia sea atendido «si tiene una urgencia sanitaria». En este sentido, el diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, instó a CiU a aclarar si «los inmigrantes en situación irregular van a seguir teniendo una tarjeta sanitaria plena por el mero hecho de estar empadronados» y si, de esta manera, «va a vulnerar el principio incorporado en la reforma presentada por el PP».
Andalucía

Francesc Homs recordó al PSC que en Andalucía, comunidad que «gobiernan socialistas en coalición con comunistas», sí que se aplicará el real decreto, según consta en su plan económico y financiero.

La conflictividad competencial entre el ejecutivo de CiU y el Gobierno no ha hecho más que empezar —hay rumores de que el Ejecutivo español podría recurrir contra el establecimiento de un copago farmacéutico—, pues Cataluña también podría acudir al TC para impugnar los recortes en el ámbito educativo, previo dictamen del Consejo de Garantías.