BARCELONA. El gobierno de la Generalitat acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el real decreto – ley sanitario impulsado por el Ejecutivo central, aunque de momento piensa seguir aplicando su contenido en Catalunya. Así lo decidió el Govern en su reunión de ayer, después de que ayer se conociese el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que considera que varios preceptos del real decreto – ley de medidas urgentes sobre sanidad son contrarios a la Constitución y vulneran competencias de la Generalitat.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, anunció que el Ejecutivo hace suyas “por automatismo” las consideraciones del dictamen e iniciará los trámites correspondientes para presentar recurso ante el TC. No obstante, recriminó a la oposición, especialmente a los socialistas, que hagan un “llamamiento” a no cumplir este decreto: “Resulta muy sorprendente que el principal grupo de la oposición llame a la insumisión legal, a no aplicar una ley en vigor”.

“La ley nos puede no gustar, podemos considerar que vulnera las competencias de Catalunya, pero los gobiernos deben procurar moverse en el marco de la aplicación de la ley”, subrayó Homs. Homs destacó que la Junta de Andalucía, gobernada por “socialistas en coalición con comunistas”, sí que “aplicará este real decreto ley”, según consta en su plan económico y financiero, donde se aparca la gesticulación y se da un “baño de realismo”. “A veces hay una distancia demasiado grande entre aquello que se dice desde la oposición y lo que se hace cuando se está en un gobierno”, constató, dirigiéndose a los socialistas.

Por otra parte, Homs enfatizó que las interpretaciones que políticos y medios de comunicación han hecho del dictamen, en el sentido de que la restricción de la cobertura sanitaria para los inmigrantes sin papeles es inconstitucional, no son correctas. El dictamen del Consejo subraya que la decisión del Gobierno a este respecto “es legítima y es correcta”, aunque sí cuestiona que se pueda restringir la cobertura de los españoles mayores de 26 años si no han cotizado. Homs matizó que garantizará que los extranjeros sin papeles sean atendidos “si tiene una urgencia sanitaria”, si bien dijo que existe un “margen para la interpretación” sobre lo que es urgente o no.