El Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de «tribunal constitucional a la catalana» que se encarga de velar por el ajuste de las leyes a la Constitución y el Estatuto, considera que los ajustes en el sector sanitario aprobados por el Gobierno español vulneran competencias de la Generalitat.

En base a este dictamen, el ejecutivo que preside Artur Mas presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta iniciativa forma parte de la bateria de medidas jurídicas y políticas anunciadas por Mas ante lo que califica de «ofensiva recentralizadora del Estado».

Así, el gobierno autonómico está dispuesto a recurrir ante el TC todas las resoluciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en su opinión, supongan una merma de su autogobierno. La primera objeto de impugnación es el real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que fue aprobado por el Congreso el mes pasado únicamente con los votos del PP y de UPN.

La Generalitat envió esta norma al Consejo de Garantías, en cuyo dictamen aparecen diez conclusiones adoptadas por unanimidad, de las que ocho hacen referencia a la supuesta invasión de competencias de la Generalitat. La resolución apenas cuestiona los ajustes aplicados en los servicios sanitarios —recordar que la comunidad catalana también ha aprobado ajustes y creado tasas en este ámbito—, a excepción de la decisión del Ejecutivo español de restringir la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales.

Asuntos como el uso racional de los fármacos, el control de la condición de beneficiario, la acreditación de los centros sanitarios, el estatuto marco del personal de salud o las medidas de seguridad en la donación de células o tejidos humanos, son regulados en esa norma estatal, pero la Generalitat se considera competente para hacerlo.
Voto particular

Asimismo, el Consejo de Garantías Estatutarias considera que no se cumple el requisito constitucional de extraordinaria y urgente necesidad para que esta norma se aprobara mediante real decreto..

El dictamen va acompañado de un voto particular, emitido por el presidente del Consejo, Eliseo Aja, en el que abunda en el derecho del colectivo extranjero a acceder al sistema sanitario.