No hubo medias tintas en la declaración de Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector: “Ya le podemos decir al presidente Mas que hemos tocado fondo, se abandonan entidades y personas y se elimina el trabajo realizado durante años” . Lo dijo ayer en rueda de prensa para referirse a los últimos recortes anunciados para los programas de reinserción de presos que se suman a los que han llegado desde otras administraciones y para otros programas.

PRISIONES

Desaparecen los 2,2 millones de ayuda a la reinserción

La Taula de Participació Social (TPS), que agrupa a 94 entidades que trabajan en el ámbito penitenciario, denunció ayer la supresión del programa de ayudas a la reinserción por parte del Departament de Justícia. Eso supone la pérdida de 2,2 millones de euros de los que se beneficiaban 35 entidades y 160 profesionales. Miquel Pongiluppi, responsable de comunicación de la TPS, explicó que el año pasado se atendieron 2.369 presos en una veintena de pisos, mediante actividades deportivas o culturales y en atención especializada. Según estas entidades, está demostrado que sin reinserción los casos de reincidencia pasan del 40% al 52%. Eso significa que en Catalunya, donde cada año salen de la cárcel unos 2.300 reclusos, ese 12% de aumento de la reincidencia se puede traducir en un coste mucho mayor al de estas ayudas. Se calcula que un preso cuesta a la Administración catalana unos 30.000 euros al año.

Ramon Parés, director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, lamenta esta supresión de subvenciones pero considera que forma parte de unos recortes que han afectado también a los funcionarios, a los proveedores y a los altos cargos. “Estamos hipotecados por los derechos de superficie de las últimas cinco cárceles construidas, que obligan al Departament a pagar 45 millones anuales”, señala Parés. “Entiendo la molestia, pero creo que estas entidades han magnificado su papel. Lo que reciben es sólo el 0,5% de lo que gastamos en prisión”, añade. Y ha recordado que “en las cárceles tenemos a 700 profesionales que trabajan en la rehabilitación, en una proporción de un técnico por cada doce reclusos, que es de las más altas de Europa, y además contamos con un millar de voluntarios, de otras 70 entidades”. Parés reconoce que “estas entidades han formado parte de un proyecto que mientras el país se lo ha podido permitir era excelente, pero ahora no es así, aunque eso no significa un cambio de modelo”. En el Departament de Justícia sentó mal la frase utilizada por las entidades del tercer sector al asegurar que la cárcel volverá a ser “una fábrica de criminales más eficiente”, ya que consideran que desprecia el trabajo de los profesionales.

DEPENDENCIA

Unos 30.000 dependientes quedarán desatendidos

La cuarta pata del Estado de bienestar, la ley de la Dependencia, ha sido la primera en agrietarse. El último informe de la Taula del Tercer Sector ha señalado cuatro graves problemas: 1. la congelación de las ayudas del Gobierno a los dependientes de grado I nivel 2, que dejará a más de 30.000 personas desatendidas y acabará provocando que muchas vean agravada su situación por falta de atención, y además supondrá más gasto público; 2. el recorte de un 19% de los recursos de los presupuestos del 2012, que complica aún más la situación financiera de la Generalitat y frenará infraestructuras y equipamientos para la dependencia; 3. el recorte de 36 millones en el plan concertado de servicios sociales a los ayuntamientos, y 4. el aumento del copago de parte de la cartera de servicios sociales hasta un 13%.

TRABAJO

Catalunya pierde 253 millones de las políticas de empleo

El Estado ha decidido sacrificar 1.500 millones de las políticas activas de empleo. Se calcula que supondrá una pérdida de unos 253 millones de euros que gestionaba el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinados a la inserción laboral de colectivos con especial dificultad para acceder al mercado laboral, como son las personas con trastornos mentales, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los perceptores de la RMI, los parados de larga duración y los jóvenes que han fracasado en la escuela. En un primer análisis se considera que el recorte afectará a 212 entidades, de las cuales unas 22 podrían verses obligadas a cerrar. Unos 900 profesionales se pueden ir al paro y unos 2.500 trabajadores con discapacidad deberán ser despedidos de los centros especiales de trabajo. En total, unos 34.000 usuarios con dificultades de acceso al mercado de trabajo se verán afectados. Las entidades que trabajan en estos ámbitos creen que no basta con incentivos fiscales a las empresas, sino que son necesarias las políticas activas, los itinerarios personalizados y la colaboración de empresas socialmente responsables. Temen que sin esas ayudas se vaya al traste el modelo de reinserción laboral de personas con especiales dificultades.

INMIGRACIÓN

Ni asistencia sanitaria ni fondos para la integración

Los últimos en poner el grito en el cielo han sido los de la Plataforma d’Entitats Cristianes. Rechazan el decreto ley que elimina el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros sin autorización de residencia. Dudan de su constitucionalidad y consideran que supondrá un ahorro mínimo porque derivará a estos enfermos ha-

cia las urgencias e incluso puede provocar un colapso. Aunque la Generalitat ha dicho que no aplicará esta normativa a los simpapeles, estas entidades consideran que la supresión de ese derecho es una medida “populista y muy peligrosa por la estigmatización de los extranjeros”.

No es el único recorte que afecta a los inmigrantes (15% de la población, con un índice de paro que dobla al de los autóctonos). El Gobierno también ha suprimido la dotación de 200 millones del fondo de integración de extranjeros. Los problemas de falta de empleo y los escasos ingresos de muchas familias hacen que otras medidas como el copago en servicios hospitalarios o del transporte sanitario no urgente, las nuevas tasas judiciales o el aumento de tasas en servicios educativos repercutan especialmente en este colectivo.

VIVIENDA

Piden el restablecimiento de las ayudas para alquileres

La ayuda económica para el pago de alquileres era la segunda prestación más importante de la Generalitat, tras la renta mínima de inserción (RMI). En el 2010 se beneficiaron 30.000 familias. Pero en el 2011 ya no hubo convocatoria y sólo 21.000 familias siguieron con esta ayuda (525 euros mensuales). La Taula del Tercer Sector reclama que se vuelva a conceder en el 2012 para dar respuesta al incremento de familias en situación de pobreza y en riesgo de perder la vivienda (la mitad de los 17 desahucios diarios en Catalunya son por impago del alquiler) o para que puedan acceder a esta prestación las familias que se han quedado sin ingresos en el último año. Hay que recordar que el Gobierno del Estado también ha suprimido la renta básica de emancipación (ayuda al alquiler para jóvenes), un tipo de ayuda que desde el 2008 habían percibido un total de 51.885 jóvenes catalanes.

RENTA MÍNIMA

El número de beneficiarios se reduce a casi la mitad

La Generalitat canceló el año pasado 4.521 expedientes de beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) –que supone una ayuda de 420 euros mensuales– porque no cumplían con los criterios fijados. Según el Departament d’Empresa i Ocupació, que ha pasado a gestionar de forma exclusiva la RMI, el 33% de los expedientes se cancelaron porque los beneficiarios habían salido de Catalunya sin comunicarlo; a otro 24% se les suprimió porque no respondieron al edicto en el DOGC, y otro 21% se descubrió que tenía ingresos superiores a la RMI. En diciembre del 2010, había 30.284 expedientes de RMI y según la Mesa del Tercer Sector para el 2012 se prevé que los perceptores desciendan hasta los 18.000 beneficiarios.