Carecía de antecedentes penales, era padre de dos hijos nacidos en España, había tenido tarjeta de residencia hasta 2009 y, después de ochos años aquí, era ejemplo de arraigo en nuestro país. Pero estaba encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid desde el 10 de abril.

EL MUNDO contó su historia el pasado miércoles y el Ministerio del Interior resolvió ponerlo en libertad este mismo lunes. D. nigeriano que empezó a perder los papeles cuando perdió el trabajo fue abordado por la Policía cuando vendía pañuelos en un semáforo de Granada y trasladado inmediatamente a Madrid para ser expulsado a su país.

El recurso interpuesto contra su repatriación ante el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Granada cuenta la historia de un empleado vendedor de flores, cristiano evangélico, padre de un niño de cinco años y de una niña de siete meses. Que estaba encerrado por no tener documentación. Y todo después de que el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, dijera que los inmigrantes indocumentados que demostrasen arraigo social no serían deportados.

«¿Por qué llevarlos a un centro de internamiento?», se preguntó el número dos de Interior. «Para ellos habrá otros mecanismos más proporcionales».

El caso de D. despertó la pasada semana el interés de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que se enteró por la prensa de la existencia del nigeriano, vio su expediente, valoró su trayectoria y, finalmente, ha decidido intervenir para tratar de soltarlo y hacer justicia.

Unos 16.500 sin papeles pasan cada año por los CIE que hay en España. El caso de D. es el paradigma del hombre que no debería estar allí dentro. Porque la Ley de Extranjería dice que la mera estancia irregular se sancionará con una multa y reserva las expulsiones sólo para ilícitos más graves. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo, que ha llegado a anular órdenes de expulsión al entender que se trata de una medida desproporcionada.

«Las autoridades han abogado por seguir las directrices que marca la Secretaría de Estado de no penalizar a extranjeros que, como D., demuestren arraigo aunque estén en situación irregular», señala Virginia Font de Matas, abogada del subsahariano. «Él tiene su vida aquí. Con niños. Niños que son más españoles que nigerianos».

D. fue puesto en libertad el lunes a las siete de la tarde. Llamó a casa. Acudió hasta la estación de autobuses y sacó un billete para Granada, adonde llegó de madrugada. David, el hijo de cinco años que tiene acento sevillano, llevaba semanas preguntado por el padre.

El martes desayunaron juntos. Ayer lo llevó al colegio. Todo lo demás no cuenta.