Los centros de menores y de menores inmigrantes de la Isla cobraron a finales de la semana pasada la ayuda económica correspondiente al primer semestre del año. El próximo mes deberán percibir la cantidad atribuida para la segunda mitad del ejercicio, algo que en este colectivo ya están poniendo en entredicho teniendo en cuenta las dificultades que han encontrado durante el tiempo transcurrido de este 2012.

Las diversas fuentes consultadas coincidieron en manifestar que han dispuesto de casi todo el dinero que les adeudaba la administración “porque el Cabildo de Tenerife lo adelantó”, teniendo en cuenta que corresponde al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) realizar estos pagos. El organismo autónomo de la Corporación insular recibe esos fondos del Gobierno de Canarias, ya que los usuarios de estos centros están bajo la tutela de la Dirección General del Menor. Sin embargo, se da la circunstancia de que el Ejecutivo regional “todavía hoy (por ayer) no lo había transferido”.

Desde los centros consultados se aseguró ayer que el dinero recibido les está permitiendo “hacer frente al pago de servicios y a los proveedores”, además de atender las nóminas de los trabajadores. Asimismo, una parte importante de los fondos “se esfumaron directamente con el abono de las cuotas correspondientes a los créditos que fueron suscritos con las entidades bancarias para poder seguir funcionando en condiciones dignas”.

La deuda contraída por las administraciones con estos centros de menores y de menores inmigrantes superaba el millón de euros hasta la semana pasada, lo que generó una situación complicada para los mismos. Se registraron casos en los que algunas de las comidas servidas a los usuarios fueron costeadas con fondos de los propios empleados, trabajadores que también se vieron afectados por la deuda de las administraciones con los centros hasta el punto de que dejaron de percibir algunas nóminas.

El retraso que experimentó el pago por parte de las instituciones públicas a los centros de menores y de menores inmigrantes se ampara en la situación económica actual, si bien los convenios que comprometen a ambas partes fueron firmados a partir de mediados del pasado mes de abril.

La Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, aporta 52 euros al día por cada menor para que reciba las prestaciones que necesita en dichos centros. Desde el Ejecutivo regional se llegó a explicar que las “dificultades tremebundas” en las que se encuentra la gestión pública por la coyuntura económica actual “puede ser la causa” de la circunstancia vivida.

En los centros de menores y de menores inmigrantes ya se empiezan a concienciar de que “tendremos que seguir reivindicando” a partir del mes de junio, porque “todo apunta a que lo que hemos padecido hasta ahora se reproducirá en breve”.