Los recortes contra la crisis han llevado a España a suspender ante la ONU. Un comité de Naciones Unidas expresó ayer su «preocupación» por la «reducción de los niveles de protección» de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país «que ha resultado de las medidas de austeridad» adoptadas por el Gobierno.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en las dos últimas semanas ha evaluado al Estado español (no lo hacía desde 2004), concluyó ayer su examen denunciando que los recortes aplicados «perjudican de forma desproporcionada el disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo».

Mención aparte merecen los recortes sanitarios. El Comité cita expresamente el controvertido real decreto ley de 20 de abril de 2012, el que retira la atención primaria a los sin papeles, para decir que está «preocupado» por su contenido y recomendar que, de acuerdo con «el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal».

Las recomendaciones del Comité ocho páginas que constituyen un duro rapapolvo a España en el que es casi imposible encontrar elogios no son vinculantes pero sí dejan en evidencia a los países de cara a la opinión pública internacional. A la ONU no le ha parecido bien que, cuando uno de cada cuatro menores de edad vive por debajo del umbral de la pobreza, «las prestaciones económicas a las familias hayan sido severamente restringidas o incluso eliminadas».

Tampoco está de acuerdo con que «la descentralización de las competencias haya resultado en un disfrute dispar» de los derechos económicos, sociales y culturales «en las 17 comunidades autónomas».